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El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración las medidas económicas de carácter extraordinario adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la financiación del 100% del coste de las plazas residenciales vacantes por fallecimiento desde que se decretaron las medidas de contención del Covid-19, que suspendían los ingresos en los centros.
Esta medida pretende fortalecer el servicio prestado en los centros de atención residencial a personas en situación de dependencia, en aras de salvaguardar el empleo y con la finalidad de mantener estándares altos de calidad, tras la suspensión de los nuevos ingresos en centros, acordada en Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020, para prevenir y controlar la expansión de la infección causada por Covid-19, salvo en casos de urgencia social.
En este marco, la Consejería ha considerado la necesidad de dotar a los centros residenciales de medidas que garanticen la continuidad de prestación de este servicio a los beneficiarios. Las plazas objeto de esta medida son aquellas concertadas que, estando ocupadas, queden vacantes por fallecimiento a partir del 14 de marzo, tanto motivado por coronavirus como por otras causas y que no han sido cubiertas por la suspensión de los ingresos en residencias.
La cantidad a financiar por la Administración será del 100% del coste de la plaza que venía ocupando la persona cuyo fallecimiento genera la financiación de la plaza que queda vacante. El periodo a financiar será desde que se produzca la vacante, siendo dicha fecha de fallecimiento a partir del 14 de marzo, hasta que la plaza sea ocupada por una nueva persona usuaria y, como máximo, hasta el 27 de abril, fecha en la que finalizó la suspensión de nuevas incorporaciones al servicio decretada en las medidas de contención.
La Consejería estima que el impacto económico de esta iniciativa, una vez analizada la suspensión de los ingresos habituales en el servicio de atención residencial durante el periodo de emergencia sanitaria por el Covid-19, considerando que se han producido ingresos únicamente por motivo de urgencia social y teniendo en cuenta las diferentes tipologías de plaza, ascendería a 975.198 euros.
Esta medida económica se une a la ya aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 22 de abril, por la cual se amplía hasta los 60 días la reserva de las plazas residenciales ante las salidas voluntarias de las personas en situación de dependencia debido al Covid-19, periodo durante el que se abona a los centros la diferencia resultante entre el coste de cada plaza y la cantidad abonada por el beneficiario.
Por otra parte, la Consejería de Igualdad está procediendo a los pagos con total normalidad a pesar de las dificultades ocasionadas en la gestión por la crisis del Covid-19. Durante este primer mes de estado de alarma, se han destinado 46,23 millones de euros al pago del servicio de atención residencial, el cual atiende a 24.672 personas en situación de dependencia en Andalucía.
