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La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha inyectado en el último año 7.689.665,90 euros en el campo onubense para el fomento de una producción agraria más sostenible. Éste es el volumen de ayudas abonado en Huelva con cargo a las medidas de agroambiente y clima y de agricultura ecológica (estas últimas se regulan a través de una Orden específica en el nuevo periodo comunitario) de la convocatoria 2015, ya encuadrada dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020. Estas subvenciones, según ha concretado el delegado territorial del ramo, Pedro Pascual Hernández, se han traducido en un total de 2.103 pagos entre agricultores, ganaderos y apicultores de la provincia que han suscrito de forma voluntaria los compromisos agroambientales específicos de cada actuación.
Estos incentivos han tenido, en este sentido, una especial incidencia en la cabaña ganadera. De hecho, casi la mitad del importe global, 3.830.510,74 euros, el 49,81 por ciento, se corresponde con las submedidas de mantenimiento y de conversión de prácticas de ganadería ecológicas (2.136.949,03 y 1.693.561,71 euros, respectivamente), algo a lo que hay que sumar otros 471.289,50 euros dirigidos a la salvaguardia de razas autóctonas puras en peligro de extinción. Junto a ello, una partida de 735.292,16 euros ha servido de soporte, por otra parte, para un sector en el que Huelva es referente como es el caso de la apicultura, un impulso distribuido entre la línea agroambiental de apicultura para la conservación de la biodiversidad (685.344,32 euros) y las submedidas asociadas a la apicultura ecológica (49.947,84 euros).
Ya dentro de la rama agrícola, ocupa un papel preponderante el sector del olivar, que ha recibido una inyección de 1.212.605,80 euros para el mantenimiento de prácticas y métodos ecológicos o para su conversión (790.585,97 euros y 422.019,83 euros, respectivamente), así como el apoyo, procedente ya de las medidas agroambientales para olivar de montaña con orientación ecológica y para sistemas sostenibles de olivar, de otros 238.847,03 euros. El resto de la agricultura ecológica se ha repartido un montante de 854.072,89 euros (568.115,37 para favorecer el mantenimiento de prácticas y métodos y 285.957,52 para la conversión), mientras que las líneas de sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales, agricultura de montaña con orientación ecológica en cultivos leñosos (donde, en Huelva, cobra protagonismo el castañar) y sistemas agrarios de especial interés para las poblaciones de aves de los arrozales andaluces y esteparias se han saldado con el pago de 138.989,73; 137.615,17 y 70.442,88 euros, respectivamente.
Más de 30 millones desde 2011
Las ayudas de las medidas de agroambiente y clima y de agricultura ecológica han dejado en la provincia de Huelva desde el año 2011 un total de 31.141.567,47 euros. Un balance que, a juicio del delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández, evidencia el “fuerte compromiso” de la Junta de Andalucía con el fomento de una producción sostenible y de la máxima calidad. El resultado, tal y como ha remarcado, “es la potenciación de la diferenciación de los alimentos onubenses en los mercados con ese sello verde del respeto al medio natural acompañado del mejor sabor”, algo que, ha continuado, “incrementa la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones, con lo que ello supone para el desarrollo social y económico de nuestro medio rural”.
Pedro Pascual Hernández ha resaltado que el amplio número de solicitudes presentadas cada año confirma el carácter emprendedor del propio sector y la utilidad de estas subvenciones, lo que avala, desde su óptica, “el esfuerzo de la Junta de Andalucía para, en su momento, con la publicación de la convocatoria de 2015, adelantarse en un año a la aprobación definitiva del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 por parte de la Comisión Europea (CE). Esto, ha recordado, requirió una “ardua labor” de intercambio de información que permitiera dotar a los textos de la certidumbre del visto bueno de Bruselas y garantizar así que las órdenes de ayudas no tuvieran que sufrir modificaciones sustanciales tras la ratificación del PDR y la puesta en marcha del nuevo marco comunitario.
