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La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este martes en Sevilla la reunión de lanzamiento y la visita de estudio del proyecto europeo ENLIA (Environmental Liability), en el marco de Interreg Europe, una iniciativa que reúne a regiones y entidades de seis países europeos, además de España, con el objetivo de reforzar la aplicación práctica de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental mediante el intercambio de experiencias y la puesta en común de buenas prácticas. Andalucía ejerce como socio líder y asume la coordinación general del proyecto durante todo su desarrollo entre 2025 y 2029.
“Este encuentro va a permitir situar a Andalucía como un espacio de cooperación útil, riguroso y cercano, donde cada socio compartirá fortalezas, necesidades y expectativas para aplicar la directiva con mayor eficacia en su territorio”, ha señalado la consejera durante la apertura. El programa en Sevilla se celebra del 16 al 18 de septiembre, con una primera jornada en Muelle 21 —sobre el Acuario de Sevilla— dedicada a presentaciones técnicas y diálogo con agentes andaluces; una segunda jornada de visita de estudio al Paraje Natural Marismas del Odiel, en Huelva; y una tercera sesión de trabajo interno del Comité de Dirección en la sede de la Consejería.
El consorcio de ENLIA integra a la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta de Andalucía —como socio líder—, la región de Cuyavia-Pomerania (Polonia), el municipio de Söderhamn (Suecia), la ciudad de Čapljina (Bosnia y Herzegovina), el Ministerio de Medio Ambiente y Planificación Territorial de Macedonia del Norte y la región de Normandía (Francia). La Universidad de Le Havre (Francia) participa como socio asesor, con el encargo de elaborar un diagnóstico comparado de la aplicación de la directiva y de apoyar la comunicación a lo largo del proyecto. “La colaboración con el socio asesor nos ofrecerá una mirada independiente que enriquecerá el diseño de tareas y plazos desde el primer día”, ha indicado.
La agenda en Sevilla ha convocado a administraciones, universidades, colegios profesionales, asociaciones empresariales y compañías con actividad en sectores clave. Entre los participantes andaluces asistirán representantes de la Universidad de Sevilla y del Colegio de Abogados, los Colegios de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y Oriental, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, empresas energéticas, consultoras especializadas en análisis de riesgo ambiental y asociaciones como AIQBE, AGI y Aminer. “La conversación técnica ganará profundidad al sumarse las voces que cada día aplican la normativa en el terreno, desde las plantas industriales hasta los espacios naturales”, ha afirmado la consejera.
En el acto, también han estado presentes el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís, así como la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez Parrado, entre otros asistentes.
La experiencia de Andalucía en responsabilidad ambiental
La elección de Andalucía como territorio de arranque se apoya en una realidad sólida: el tejido industrial andaluz sujeto a la normativa de responsabilidad medioambiental dispone de un inventario vivo y detallado que respalda la gestión de obligaciones. Hoy existen 949 instalaciones registradas, de las que 642 están en funcionamiento; el resto corresponde a proyectos aún sin iniciar, instalaciones ya cerradas o empresas que se han incorporado de forma voluntaria. “Este registro nos ha permitido centrar la vigilancia en lo importante, mejorar las revisiones y acompañar a las empresas en el cumplimiento”, ha explicado la consejera.
Ese trabajo de control se ve en los resultados. Entre 2020 y 2024 se han tramitado 541 avisos y requerimientos formales relacionados con garantías financieras y estudios de riesgo ambiental. Solo en 2024 se hicieron 118 revisiones de documentos, 23 revisiones en profundidad y 13 visitas técnicas a instalaciones para comprobar sobre el terreno que los análisis reflejan la realidad. “La verificación en campo ha reforzado la calidad de los estudios”, ha subrayado Catalina García.
Además del control, se ha cuidado el acompañamiento al operador. En 2024 se presentaron 402 estudios completos de riesgo y 121 tablas simplificadas de evaluación, y 119 instalaciones entregaron su declaración responsable —el documento con el que la empresa acredita su situación— sin añadir más papeles. La formación interna también ha seguido en marcha con un curso específico impartido por especialistas de distintas administraciones. “La capacitación técnica del personal ha agilizado los trámites y ha mejorado la interlocución con empresas y consultoras”, ha destacado.
La tramitación digital es otro pilar. La oficina virtual permite presentar, consultar y seguir expedientes de forma sencilla. El portal web se ha reorganizado con un enfoque didáctico y una sección de ayuda al operador, y el buzón de consultas atendió 197 preguntas en 2024 de empresas, administraciones y ciudadanía. “La administración electrónica ha recortado tiempos y ha aclarado obligaciones, con guías prácticas y un canal de diálogo directo”, ha agregado.
En cobertura económica, los datos confirman el liderazgo andaluz. En el conjunto de 610 instalaciones usadas para la estimación, el valor estimado de los daños asciende a 332,88 millones de euros, mientras que las garantías constituidas alcanzan 463,29 millones. Ese margen de seguridad se explica por comportamientos distintos según el nivel de riesgo y por una mayor prudencia en los sectores con más exposición. “La suma asegurada total ha superado la estimación de daños y ha dado estabilidad al sistema; es un indicador de madurez y de compromiso empresarial con la prevención y la reparación”, ha remarcado la consejera. En la comparación nacional, los datos del sistema SIRMA del Ministerio sitúan a Andalucía a la cabeza por suma total asegurada, con más de 534 millones de euros, y entre las comunidades con más instalaciones garantizadas. “El esfuerzo sostenido se refleja en cifras y en confianza pública”, ha añadido.
Marismas del Odiel, modelo de convivencia entre industria y naturaleza
La visita de estudio al Paraje Natural Marismas del Odiel —espacio de alto valor ecológico vinculado a un entorno industrial de referencia— mostrará a la delegación internacional escenarios reales donde la responsabilidad medioambiental despliega su utilidad: prevención de incidentes, gestión de riesgos, coordinación entre administraciones y empresas, y reparación de posibles daños sobre recursos naturales. El seminario previo situará la visita en su contexto territorial y económico, con referencias a la interacción entre sectores industriales, logística portuaria, biodiversidad y calidad de las aguas. “La experiencia en Huelva acerca la teoría a la práctica: la protección de los valores naturales convive a diario con la actividad productiva, y la responsabilidad medioambiental ha demostrado ser la herramienta para anticipar, evitar y, llegado el caso, restaurar”, ha afirmado la consejera.
El Comité de Dirección constituido en la tercera jornada cerrará una hoja de ruta inmediata: reuniones bilaterales del socio asesor con cada región para profundizar en el diagnóstico, preparación del primer informe de progreso y programación del siguiente seminario de intercambio de experiencias del proyecto. En paralelo, cada socio identificará buenas prácticas transferibles que puedan incorporarse a instrumentos de política pública —desde procedimientos administrativos hasta mejoras en seguimiento, control y formación—, con especial atención a la aplicabilidad práctica en sectores con mayor potencial de riesgo. “La coordinación técnica quedará calendarizada e incorporará hitos claros, porque el objetivo del proyecto no se agota en la reflexión: aspira a cambios tangibles en normas, procesos y capacidades”, ha señalado.
El enfoque de ENLIA encaja con las prioridades de Interreg Europe para una Europa más verde: protección de la naturaleza y la biodiversidad, impulso de infraestructuras verdes y reducción de la contaminación. En este marco, Andalucía aporta coordinación y una experiencia contrastada en control de garantías, revisión de análisis de riesgo, modernización administrativa y divulgación. “Andalucía ha consolidado un modelo que combina exigencia y colaboración. Esta reunión abrirá una oportunidad para que ese modelo se conozca, se compare y se adapte allí donde pueda generar mejoras reales en la prevención y la reparación de daños”, ha concluido la consejera.
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