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La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Salud y Familias, pone en marcha en Huelva un centro de evacuación dirigido a acoger a temporeros afectados por Covid-19 que procedan de explotaciones agrícolas en las que no se den las condiciones óptimas de seguridad para realizar su aislamiento con las máximas garantías.
Este nuevo recurso asistencial, que entra en funcionamiento el día 1 de enero en las instalaciones del Albergue Inturjoven de Punta Umbría, responde al compromiso de la Junta de reforzar la seguridad y la salud pública durante el desarrollo de la campaña agrícola en la provincia onubense, que se prolongará hasta mediados del próximo mes de mayo. Un objetivo enmarcado en la Orden de 1 de septiembre de 2020 de la Consejería del ramo, a partir de la cual se ha elaborado el protocolo de actuaciones de detección precoz, vigilancia, control y asistencia sanitaria frente al Covid-19 en las explotaciones agrarias, forestales y agroforestales con contratación de personas trabajadores temporales.
El centro de evacuación se concibe como un dispositivo de apoyo no medicalizado con personal específico dirigido a facilitar los propios cuidados y el seguimiento indicado a las personas afectadas, a la vez que garantizar su aislamiento cuando en sus viviendas residenciales tengan dificultades para cumplirlo. Con una capacidad de hasta 150 plazas, ofrece servicios de alojamiento 24 horas, catering, limpieza, lavandería y desinfección, así como vigilancia y seguridad. Su plantilla está conformada por un responsable y por profesionales del trabajo social y la mediación intercultural, que oscilan en función del número de usuarios que se encuentren alojados en cada momento.
Desde el punto de vista sanitario cuenta con una enfermera de referencia que se ha contratado de refuerzo y que estará integrada en el centro de salud de Punta Umbría. Su labor se va a centrar en realizar diariamente una valoración del estado de los residentes tanto por vía telefónica como presencial, así como contactar con el médico de familia designado para llevar a cabo un seguimiento clínico de los casos en que sea necesario.
En el supuesto en que se produzca un deterioro de la situación clínica de alguno de los temporeros que aconseje la intensificación de los cuidados, se coordinará de manera inmediata el traslado al hospital.
La derivación de los usuarios al centro, donde deberán permanecer, tal y como estipula el protocolo, un periodo de 10 días, corresponderá a un equipo de trabajadores sociales, incorporados por los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Se trata en concreto de siete nuevos trabajadores sociales, uno por cada centro de salud de los municipios con mayor volumen de población agrícola: Lepe, Cartaya, Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto, Bonares y Almonte.
Estos profesionales actuarán de enlace entre los referentes Covid seleccionados por las empresas, asociaciones o ayuntamientos en las diferentes explotaciones, el centro de salud correspondiente y el Servicio de Epidemiología, con la finalidad de efectuar el diagnóstico e identificación de los casos, así como el rastreo, evaluación y seguimiento de los contactos estrechos.
Por parte de los inspectores de la Unidad de Protección de la Salud de los distritos también se van a programar visitas a las viviendas vinculadas a las explotaciones agrícolas y otros alojamientos de temporeros para comprobar que se cumplen los planes de contingencia necesarios.
Obligaciones para los titulares de explotaciones
La Orden de 1 de septiembre de medidas preventivas de salud pública en Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus en explotaciones agrarias con temporeros, incluye también una guía diseñada por la Consejería con actuaciones encaminadas a limitar la aparición de brotes en este ámbito, favorecer su detección temprana y mitigar sus consecuencias.
Este documento establece que las personas titulares de este tipo de explotaciones deberán elaborar un plan de contingencia específico ante el Covid-19 previo la contratación de los trabajadores.
Asimismo, están obligadas a poner en conocimiento y colaborar con las autoridades sanitarias ante cualquier posible sospecha o caso compatible con la enfermedad.
Por otro lado, los empresarios que disponen de alojamientos deberán habilitar las medidas que permitan el aislamiento de trabajadores contagiados o sospechosos, debiendo asegurar las condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene.
Además, se contempla que en todas las explotaciones se establezcan medidas preventivas respecto a la prevención y control del Covid-19, como son la información y formación de los trabajadores; medidas de limpieza, desinfección y ventilación en vehículos de transporte colectivos; control de acceso a los lugares de trabajo, limitando las visitas de personal y empresas externas a la explotación, uso de zonas comunes y actividad laboral que evite las aglomeraciones y permita mantener la distancia de seguridad; uso de mascarilla obligatorio; establecimiento de grupos de trabajo o cuadrillas estables; identificación y señalización del aforo en zonas comunes; uso individual de los útiles y equipos de trabajo, y colocación de geles hidroalcohólicos en puntos estratégicos.
También se escalonarán las distintas pausas o descansos mediante turnos correspondientes a cuadrillas o grupos de trabajo, se facilitará agua potable de consumo evitando aquellos repartos que conlleven un uso compartido, se garantizará que la persona que tenga un diagnóstico confirmado de Covid-19 o sea considerado contacto estrecho de un caso no acuda a trabajar y se dispondrá de un listado con todos los datos identificativos de los temporeros.
