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La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, ha asegurado en el Parlamento andaluz que los informes técnicos internos y externos «garantizan» que la nueva balsa de residuos mineros de Valdelamusa, en Cortegana, «tendrá mayor protección y mayor seguridad que la que ya existe». En los mismos términos se ha pronunciado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que ha destacado que en Andalucía el desarrollo de actividades industriales y mineras «está sujeto a un marco normativo exigente».
Esa ha sido la respuesta de ambos miembros del ejecutivo autonómico ante las preugntas del PSOE y Por Andalucía, relativas a la seguridad medioambiental de las balsas.
La consejera ha insistido en que los informes técnicos dan «la tranquilidad de mayor protección y mayor seguridad».
El parlamentario socialista Mario Jiménez ha señalado que su grupo «hizo posible el renacimiento minero» de Huelva, «después de la crisis de más de quince años», por lo que ha defendido la «apuesta por la minería, pero no a cualquier precio» de su grupo.
«Nosotros decimos sí a la minería, pero protegiendo la salud de los ciudadanos, pero quince millones de metros cúbicos de residuos mineros a cuatrocientos metros de las viviendas de un núcleo de población no lo hace posible. Ustedes otorgaron el 24 de agosto del año pasado la Autorización Ambiental Unificada a través de la delegación provincial. Nosotros defendemos la minería pero no a costa del medio ambiente como sí lo hace 130 hectáreas de ocupación de territorio en un pinar de más de cuarenta mil árboles y dos arroyos que van a quedar absolutamente cegados», ha enfatizado.
Jiménez ha espetado a la consejera que «tenían hasta siete alternativas más, en dirección oeste alejada de cualquier punto o núcleo de población», toda vez que ha señalado que en este procedimiento «no se han hecho costar los tres informes de compatibilidad de los tres ayuntamientos implicados, incluidos el de Cortegana, muy importante», y «tampoco el informe de incidencia territorial».
«El informe de la Dirección General de Espacio Protegido no consta tampoco en el expediente, siendo su titular el anterior alcalde de Cortegana y firmante de un convenio con la empresa minera para la recalificación de los terrenos que está investigando el juzgado de Aracena», ha subrayado.
Asimismo, el socialista ha señalado que el delegado de Sostenibilidad en Huelva «debía haberse abstenido de firmar la Autorización Ambiental Unificada de la balsa en cumplimiento del artículo 7 de la Ley de Incompatibilidad de altos cargos de la Junta de Andalucía» porque «su hermano es técnico facultativo de la compañía minera promotora de la balsa».
El socialista ha indicado que el expediente de la AAU «se encuentra en el contencioso administrativo» y «está en plazo llevar al mismo en la autorización de la Consejería de Industria», por lo que le ha preguntado a la consejera, «antes que este expediente tome otro camino, si merecería la pena sentarse con los vecinos, con los ayuntamientos, con la empresa, y replantear la ubicación de esta planta, librando el expediente de todas esas sombras de duda que afectan a los promotores del mismo».
La consejera de Sostenibilidad ha respondido al parlamentario, asegurando y mostrando que el «informe de compatibilidad del Ayuntamiento de Cortegana», que «está en el expediente y se remonta a 2022». «Dice positivamente que hay compatibilidad y, además, lo dice la exalcaldesa, que era del Partido Socialista», ha explicado.
Asimismo, en cuanto al informe de Espacios Naturales Protegidos ha detallado que «no está en el expediente, porque la balsa no está en un Espacio Natural Protegido» y «la ley también dice que, cuando no hay que pedir un informe, no se tiene que pedir», ya que «no es preceptivo».
Además, le ha señalado que desde el Gobierno andaluz están «de acuerdo con el PSOE «en la minería pero no a cualquier precio», por eso «existe una Autorización Ambiental Unificada» que, según ha asegurado, «ha sido vista por técnico en la Delegación Territorial, que tiene periodo de información pública donde todo el mundo ha podido tener conocimiento y alegar».
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