La Delegación Provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva los expedientes sancionadores que se iniciaron en 2017 como consecuencia de la transformación de tierras de forestal a agrícola sin la autorización pertinente y por el uso de aguas subterráneas sin concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realizado por algunos agricultores de la zona de la Corona Norte Forestal de Doñana.
Esta comunicación se enmarca en el procedimiento jurídico administrativo abierto desde el pasado año y en la colaboración establecida desde entonces entre ambas instituciones para regular la aplicación del Plan y dar seguridad legal a un sector muy responsabilizado con la legalidad casi en la práctica totalidad.
De hecho, los expedientes afectan a una mínima parte de las explotaciones agrícolas de la zona. No en vano, únicamente incluyen 285,85 hectáreas. La mayor parte, más de 9.000 hectáreas, tienen encaje legal en el documento aprobado por consenso para la ordenación de los regadíos, el uso racional del agua y el control de las extracciones del acuífero. Solo así se garantiza la protección del espacio protegido y sus áreas de influencia.
Desde finales del pasado año, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Huelva ha venido remitiendo distintas comunicaciones a los agricultores afectados por estos incumplimientos de la ley y manteniendo periódicas reuniones con ellos para que estuviesen informados en todo momento de cuál era la situación jurídica y administrativa que se derivaban de estos expedientes.
Tras estas comunicaciones, actualmente y conforme a los plazos establecidos en el proceso administrativo, el grupo de agricultores afectados está presentando distintas alegaciones a los expedientes sancionadores iniciados en cumplimiento de la ordenación vigente en el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana y en la Ley Forestal de Andalucía.
Desde la Junta de Andalucía se ha realizado un estudio minucioso de la situación, siguiendo con los expedientes sancionadores en los casos que marca la ley y dando el correspondiente traslado a la Fiscalía de Medio Ambiente.