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La Junta de Andalucía ha vendido por 832.113 euros las villas turísticas de Fuenteheridos, en Huelva, y Cazalla de la Sierra, en Sevilla, cerradas desde 2005 y 2006, respectivamente. Las dos villas se pusieron a la venta en una subasta convocada el pasado mes de mayo, en la que tenían un precio de salida de alrededor de 380.000 euros cada una en primera subasta, y de unos 285.000 euros en segunda.
Estas dos instalaciones formaban parte de la quinta subasta celebrada por la Dirección General de Patrimonio desde 2019, con las que hasta el momento, sin contar con esta última, la Junta ya había conseguido ingresar por la venta de un patrimonio sin uso, y abandonado en su mayor parte durante décadas, 129,5 millones de euros, además de otros casi 7,5 millones por enajenaciones directas.
Las dos villas que han recibido pujas en la última subasta, cuyas ofertas se han abierto este martes, salían a la venta junto con la villa turística de Pinar de la Vidriera (Huéscar, Granada) y las antiguas residencias de tiempo libre de Pradollano, en Sierra Nevada (Granada), y Siles (Jaén), que no han recibido ofertas.
En los próximos días, una vez que se compruebe la documentación, se formalizará la venta de las dos villas adjudicadas en subasta. La de Fuenteheridos la ha adquirido la empresa Iberclor Logística, que ha presentado la oferta superior, de 530.112 euros, de las dos que se han presentado.
La de Cazalla de la Sierra se ha vendido en segunda subasta, a un precio de 302.001 euros, a la entidad Aires de las Marismas.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha celebrado el “éxito de la subasta”, que es, ha dicho, “otro paso más en la estrategia desarrollada por la Dirección General de Patrimonio para, en primer lugar, poner orden en la caótica gestión que nos encontramos del patrimonio público de la Junta de Andalucía, y, en segundo lugar, generar ingresos y, sobre todo, ahorros, a la administración autonómica. Un ahorro”, ha indicado Carolina España, “que nos permite destinar más dinero a los servicios públicos fundamentales”.
De hecho, estas dos villas han tenido un coste para la Junta de más de 217.000 euros anuales en gastos de mantenimiento y tributarios, 106.000 euros en el caso de la de Cazalla y 111.000 euros la de Fuenteheridos.
Carolina España ha destacado que la puesta en valor de estas instalaciones “va a suponer un revulsivo para los entornos en los que se ubican” en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y la Sierra Norte de Sevilla. Los nuevos propietarios deberán acometer una inversión importante para poder ponerlas de nuevo en valor, que generará “empleo y actividad económica en las comarcas en las que están emplazadas, además de un nuevo atractivo de ocio”, ha indicado la consejera.
Inversiones millonarias
En la construcción de las dos villas turísticas vendidas en la subasta, el gobierno socialista invirtió más de 800 millones de pesetas (casi 5 millones de euros), a los que se sumaban otros 100 millones de pesetas (unos 600.000 euros) en equipamiento. La de Cazalla se inauguró en 1995, tras una inversión equivalente a unos 2,1 millones de euros, y en 1997 la de Fuenteheridos, a cuya construcción y equipamiento se destinaron alrededor de 3,2 millones de euros al cambio de las pesetas. Sin embargo, ninguna de ellas llegó nunca a funcionar de forma regular.
Su explotación por la Consejería de Turismo nunca llegó ser, sin embargo, exitosa y, ante las constantes incidencias y cierres temporales, en 2007 el Consejo de Gobierno acordó el cambio del modelo explotación y su integración, gestión y explotación a través de una sociedad de capital mixto (33% de la Junta de Andalucía y 66% de capital privado).
El fracaso de este nuevo modelo de gestión llevó a la sociedad a obtener cuantiosas pérdidas con la consiguiente salida del capital privado, sólo dos años después de su creación. En 2019 únicamente permanecían abiertas cinco de las diez villas integradas en la red.
Abandonadas de un día para otro
Las dos villas turísticas vendidas en la subasta se encuentran en la actualidad en un estado de absoluto abandono, muy deterioradas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Se encontraban así ya en 2019, tras 15 años cerradas, olvidadas y vandalizadas.
Las instalaciones presentan un aspecto fantasmal, con una maleza que ha crecido incontroladamente y que incluso dificulta el acceso a las instalaciones. La sensación que produce caminar por ellas es la de que fueron abandonadas de un día para otro. Todo permanece casi en el mismo estado en que debieron quedar después de que se tomara la decisión de no volver a abrirlas.
Parte del mobiliario se amontona en algunos espacios comunes. Mesas, sillas, cajoneras, estanterías… De las paredes y los techos cuelgan luminarias, muchas de ellas rotas. El menaje de cocina permanece en las repisas, dispuesto para ser utilizado, junto a algunas botellas que aún continúan llenas. En algunas de las villas, las colchas siguen dispuestas sobre las camas, y los electrodomésticos (televisores, frigoríficos…) están en su sitio, pero vacíos por dentro, después de que alguien haya extraído motores, cables y cualquier parte vendible.
Hay cuadros colgados en habitaciones de cortinas raídas y paredes más que húmedas, a las que le faltan puertas y ventanas. Las chimeneas que tuvieron se adivinan por los restos de hollín en el suelo y las chimeneas del exterior. En medio de entornos naturales privilegiados, en las estribaciones más occidentales de Sierra Morena, las antiguas habitaciones se han convertido en el hogar de alimañas más o menos salvajes.
La venta en subasta de las dos villas turísticas permitirá que empresas especializadas en el sector turístico y hostelero les den una nueva vida a estos complejos. Esta actuación se suma a la ya realizada con la villa turística de la Axarquía, que la Junta devolvió al Ayuntamiento de Periana (Málaga), una reivindicación histórica desoída por los sucesivos gobiernos socialistas. El pasado mes de abril, la Junta de Andalucía revirtió la gestión de la villa a su propietario, el Ayuntamiento de Periana, lo que ha supuesto un ahorro de 110.000 euros anuales.
Respecto a los inmuebles que no han recibido pujas, la Dirección General de Patrimonio estudiará, una vez cerrada la subasta, posibles fórmulas para ponerlos en valor, en consonancia con la estrategia de gestión del patrimonio público en desuso desarrollada desde 2019.
