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El 99% de los municipios onubenses (es decir, 78 de los 79 existentes) se han adherido al Programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, regulado por el Decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado en los últimos días la relación de ayuntamientos participantes y las cuantías asignadas a cada uno de ellos, que en el caso de la provincia de Huelva ascienden en su conjunto a 576.400 euros, 6,4 millones para toda la comunidad autónoma.
El delegado territorial de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Rafael López, departamento del Gobierno andaluz que gestiona dichas ayudas, ha destacado que este programa “manifiesta el compromiso y la estrecha colaboración de la Junta con las administraciones locales, así como con las personas que necesitan cubrir necesidades urgentes”.
Dentro de estas prestaciones de urgencia social se encuentran incluidos los suministros básicos (agua y luz) y el equipamiento esencial de la vivienda, como muebles o reparaciones básicas; necesidades urgentes de alimentación y vestido o el pago del alquiler. Las ayudas se han otorgado en función del número de desempleados de cada municipio, que recibirá desde 3.000 a 55.530 euros.
El programa se materializa a través de la concesión de ayudas que serán gestionadas por los ayuntamientos andaluces para la atención a la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas o unidades familiares que no puedan hacer frente a gastos específicos y que, cumpliendo los requisitos exigidos por la norma, hayan sido comprobados e informados por parte de los servicios sociales comunitarios.
Esta actuación es, junto al Programa de Ayuda a la Contratación, una de las principales medidas dentro del Decreto de Inclusión Social elaborado por la Junta para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica entre la población andaluza.
La puesta en marcha de ambos programas en la provincia, que se han prorrogado con respecto al año pasado, conllevan una inversión de 3,3 millones de euros enfocada a favorecer la inclusión social y paliar las situaciones de necesidad derivadas de la dificultad de acceso al mercado laboral en personas en exclusión social o en riesgo de estarlo.
