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La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha argumentado hoy que la Proposición de Ley (PPL) resuelve “un problema de ordenación del territorio”, asegurando que “no se trata de una amnistía”, al tiempo que ha indicado que “espera el agua superficial” tras la aprobación de la Proposición de Ley (PPL) de ordenación del territorio para poder cultivarlas.
Así se ha manifestado en un encuentro con periodistas en Sevilla, donde ha insistido en que la PPL es “una herramienta para hacer justicia y reparar el daño causado” y ha involucrado al Gobierno de España porque es, según ha explicado el portavoz, Julio Díaz, “parte de la solución. Debe traernos el agua”.
Los agricultores se sienten “maltratados, insultados y secuestrados”, ha insistido Díaz, que incide en que “lo que hay aquí es sufrimiento, por eso tenemos la mano tendida al diálogo”.
Sobre el Plan de Ordenación de la Corona Norte de Doñana, el asesor jurídico Javier Domínguez ha argumentado que “no se publicó contando con un amplio consenso” y ha recordado que se presentaron “más de 3.000 alegaciones por discriminación del plan y más de 500 contenciosos administrativos”. En este sentido, Domínguez se ha referido a que “el espíritu que envolvía la norma era una foto fija, pero ésta no se hizo en 2014, que hubiese sido lo lógico, se retrotrajo a 2004, y a 1992 en algunos casos”.
Sobre el agua que debe regar estas tierras de la PPL –unas 700 hectáreas que se someterán a una oficina técnica, que velará por el cumplimiento de la ley y decidirá qué cultivos se regularizan y cuáles no– será siempre superficial. Según ha explicado el asesor técnico Juan Manuel Ponce, “hay más recursos que los provenientes del trasvase, también están 40 hm3 de aguas regeneradas sin usar, los provenientes del Agrio, etc.”.
