La plataforma de alcaldes renueva con los agricultores su compromiso por el agua en las Jornadas Agrícolas de Almonte

Dentro de las XX Jornadas Agrícolas “Villa de Almonte”, la mesa redonda titulada “Plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana: perspectiva municipal futura”, ha servido para que los representantes de los ayuntamientos que integran la “plataforma del agua” –Almonte, Moguer, Lucena del Puerto Bonares y Rociana del Condado- renueven su compromiso con el sector. José Antonio Domínguez Iglesias, alcalde de Almonte, ejerció de moderador. Destacó que los agricultores y los municipios están “al borde del precipicio con esta problemática, razón por la que toda la comarca está unida la hora de plantear nuestras reivindicaciones”.
Ángel Gorostidi, en representación del Ayuntamiento de Moguer y como presidente de la comunidad de regantes “El Fresno”, aprovechó para destacar la incorporación de Almonte a dicha entidad: “es una gran noticia para todos, ya que unos 2.000 agricultores serán una sola voz ante las administraciones”, comentó.
Ante los agricultores, valoró la noticia de la inclusión del Plan en el Consejo de Participación de Doñana, que tendrá lugar el próximo 11 de abril. Un documento que, previsiblemente, dejará fuera de regulación un 10 por ciento de las hectáreas actualmente en regadío, unas 11.000. Una medida que consideró injusta, “ya que las administraciones han esperado diez años para tomar una decisión”.
Con respecto al Plan, valoró un documento “que dará fuerza jurídica a nuestras explotaciones, aunque el problema seguirá existiendo, ya que estamos en Doñana. Es preciso que se legalicen pozos, llegue el agua superficial, y se permita recoger la de lluvia, como ya sucede con éxito en algunas explotaciones”.
Manuel Mora, alcalde de Lucena del Puerto (IPLUC), criticó la actitud de la Confederación, “que indica que si no se tiene concedida agua para riego, que no se riegue, sin más. Los ayuntamientos y los ciudadanos tenemos que hacernos fuertes para hacer valer nuestros derechos, ya que muchas hectáreas han sido cultivadas desde hace décadas”. Por su parte, manifestó la intención particular de “sí acatar, pero no avalar la aprobación del Plan, por los errores encontrados”.
Con respecto a los pozos ilegales, Mora señaló que “se van a cerrar, pero es preciso que el agua llegue por otros medios para evitar una ruina social”. Del mismo modo, “no podemos esperar otros diez años para que nos concedan el agua a las hectáreas reconocidas a partir de abril”. Por ello, indicó a los agricultores que “solo nos queda echarnos a la calle al término de esta campaña. Confederación, Junta y sector tenemos que contribuir para llevar el agua a las explotaciones”.
Por su parte, Juan Antonio García, alcalde de Bonares –y también presidente de la Mancomunidad Condado de Huelva-, criticó a las instituciones competentes “por no tomar las decisiones que había que haber adoptado hace años”. Por el contrario, “los alcaldes hemos hecho un ejercicio de responsabilidad, anteponiendo el interés general, el empleo y el desarrollo local, a partir de los recursos de la zona”.
Hizo autocrítica acerca de los motivos por los que la situación se ha enquistado. “Ha fallado la ordenación del territorio; en una responsabilidad compartida por todos, por las instituciones y también por el sector”. De ahí que el Plan “es el primer paso para resolver este problema, a la que seguirá la solicitud de legalización del riego”. Recordó que objetivos de la plataforma son: las obras para el abastecimiento de agua, la publicación del Plan, la regularización y, consecuentemente, la moratoria en las diligencias que se han practicado contra los agricultores. “O se consigue, o llegarán las movilizaciones”, concluyó.
Finalmente, Diego Pichardo, representante del Ayuntamiento de Rociana del Condado, abundó en la unión de los diferentes representantes públicos presentes, trasladando la seguridad que aportará el Plan “a un sector vital para la economía y el empleo de la zona”.
Finalmente, el alcalde de Almonte hizo un recorrido por el que, “de 50.000 hectáreas previstas para cultivo en los años 80, se ha pasado a 30.000 con el dictamen de la Comisión de expertos en 1992, y posteriormente a 15.000. Con el Plan, solo se legalizan 9.800 de las 11.000 existentes”, comunicó.
Por otra parte, añadió que “estamos hablando de que el acuífero 27 dispone de 5.000 hectómetros cúbicos de agua. Para el regadío se precisan únicamente 54. Es decir, solo el uno por ciento, teniendo en cuenta que la capacidad de recarga anual está fijada entre los 200 y 400 hectómetros cúbicos”.
Recordó que el POTAD, aprobado en 2004, dejó para un Plan Especial la ordenación de los regadíos, mientras que los agricultores continuaban -como hace más de 20 años- en un limbo legal en cuanto a la concesión del agua, y expuestos a las actuaciones de la Fiscalía. Del mismo modo, a los grupos de presión que inciden negativamente en la comercialización de los productos agrícolas. Por ello, y según Domínguez Iglesias, “ha llegado el momento de que se normalice la situación en este 2014. Hago un llamamiento a la unidad y la movilización porque, o lo conseguimos o nos quedamos sin futuro”.