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Representantes de las consejerías de Pesca de las cinco comunidades autónomas afectadas por la decisión del comisario europeo del ramo, Virginijus Sinkevicius, de prohibir con un Acto de Ejecución la pesca de arrastre en zonas del Atlántico (Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) han mostrado su unidad de acción en un acto esta mañana en Santander para pedir al Estado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). También demandan la moratoria de la entrada en vigor de la veda.
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha intervenido en la rueda de prensa conjunta y ha lamentado que “el comisario europeo ha tomado, a sabiendas, una decisión injusta, sin contar con los preceptivos informes socioeconómicos de impacto en la zona y con un estudio científico desactualizado, del año 2011, en el que no se recoge la mejora de los caladeros, fruto del gran esfuerzo realizado, en aras de la sostenibilidad, por parte de los pescadores andaluces”.
Crespo ha recordado que “en nuestra tierra son 126 los barcos y 600 los tripulantes afectados por esta injusta determinación en el Golfo de Cádiz, el 25 por ciento de la flota española afectada”, a la par que ha señalado que “la afectación es más amplia, ya que, de entrar en vigor la medida el 9 de octubre, tras el paro biológico que concluye el 1 de noviembre, se van a concentrar las embarcaciones en los caladeros libres de la prohibición”. A ello se suma, como ha lamentado, “la limitación que supone a la diversificación de la costa que realiza el sector pesquero”.
Crespo ha dejado claro que “el Acto de Ejecución tiene importantes defectos tanto de fondo como de forma”. La consejera ha explicado que “éste contraviene, además, el Reglamento de Aguas Profundas de la propia Unión Europea, estableciendo, sin no permitirlo éste, vedas por debajo de los 400 metros de batimetría”.
La consejera de Pesca de Andalucía ha subrayado, además, que la voz de la Consejería está “consensuada con el sector, con el que me reuní el pasado miércoles para fijar nuestra posición”. En el encuentro de trabajo todos coincidieron en señalar que, como ha recordado Crespo, “no se pueden tomar este tipo de decisiones sin tener en cuenta el necesario equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental, económica y social”.
El Acto de Ejecución de Sinkevicius afecta, además de a pescadores de las cinco comunidades autónomas españolas que han unido fuerzas esta mañana en Cantabria, los de Portugal, Francia e Irlanda. Las consejerías de Pesca de Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, cada una de un color político distinto, no han dudado en unirse en defensa de su sector pesquero para intentar, primero, que concedan una moratoria y no entre en vigor el próximo 9 de octubre la prohibición y, después, para mostrar su firme apoyo al recurso judicial que interpondrá el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
