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La judicialización del procedimiento de escolarización ha experimentado un descenso del 98,5 por ciento en Huelva en los cinco últimos años, lo que supone un alto nivel de aceptación de las plazas adjudicadas a las familias.
De este modo, según han informado a Europa Press desde la Delegación Territorial de Educación, desde el curso 2010-2011, fundamentalmente, se aprecia una disminución importante en la judicialización del procedimiento de escolarización. Así, si en 2010 se contabilizaron 71 procedimientos judiciales abiertos, en 2012 se abrieron 35, en 2014 se tramitaron sólo seis y en 2015 únicamente hay registrado un caso.
Así, las familias tienen a su disposición, ante la no aceptación de la plaza adjudicada, la posibilidad de interponer un recurso por vía administrativa, que resuelve el delegado territorial, o bien, un recurso contencioso administrativo, que resuelve el juez.
No obstante, han remarcado el descenso de los procesos y han señalado como posibles circunstancias que han mediado en esta clara disminución «la mejora» del procedimiento de escolarización tras el desarrollo del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Entre otra de las razones de esa bajada señalan el descenso progresivo de la natalidad; así como la existencia de sentencias judiciales desestimatorias.
En este sentido, han indicado que fue importante la sentencia del 30 de marzo de 2012 del Tribunal Supremo, la cual establecía que «no es posible el aumento judicial de la ratio para Educación Primaria en los centros escolares sostenidos con fondos públicos por encima del límite fijado por el art. 157.1a) de la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación, con fundamento en el derecho a la libre elección de centro escolar ni en el derecho a los padres a que los hijos reciban la educación moral y religiosa que esté acorde a sus propias convicciones».
Según han sostenido desde la Delegación de Educación, este decreto, que entró en vigor en el proceso de escolarización del curso 2011-2012, «refuerza las garantías de transparencia e igualdad y recoge como principal novedad el principio de la escolarización pública única», que permite a las familias reservar plaza una sola vez para todos los centros donde los hijos se matricularán a lo largo de su vida escolar.
En concreto, el decreto ha introducido otros avances recogidos en la Ley de Educación de Andalucía, la Iniciativa Esfuerza y el Informe sobre Convergencia Educativa aprobado por el Parlamento autonómico en 2009. Han recalcado en este sentido las medidas de simplificación de trámites y diversas modificaciones en los criterios de baremación del proceso de admisión.
De este modo, para garantizar una escolarización en condiciones de igualdad, el decreto refuerza los criterios de proximidad y conciliación de la vida familiar y para ello, la baremación aumenta de 13 a 16 puntos la existencia de algún hermano ya matriculado en el centro para el que se solicita. También se incrementa, de tres a cuatro puntos, la valoración del supuesto de que el padre o la madre trabaje en el centro. La valoración por domicilio familiar pasa de diez a 14 puntos.
Respecto a las cuestiones organizativas, la norma recalca el papel de las Comisiones de Escolarización, que pasan a denominarse Comisiones de Garantía, integradas por personal de las delegaciones territoriales de Educación y representantes de centros, padres y madres, profesorado y entidades locales. Por ello, han subrayado que estos órganos se encargan de velar por el cumplimiento de las normas de escolarización y garantizar el principio de igualdad de oportunidades.
De otro lado, en el aspecto disciplinario se introdujo un endurecimiento de la penalización en caso de comprobar que las solicitudes de admisión incluyeran datos y documentos que «no se correspondieran con la realidad familiar». Para este supuesto, la norma establece la pérdida de todos los derechos de prioridad al centro pedido.
El decreto de escolarización se completa con diversas disposiciones dirigidas a simplificar trámites y aumentar la transparencia en el proceso a través del uso de medios telemáticos ya que en las solicitudes no es necesario aportar documentos cuya información pueda recibir directamente la Consejería de Educación de otras administraciones; por ejemplo, la declaración de la renta (Agencia Tributaria), los certificados de residencia (Instituto Nacional de Estadística) o los certificados de discapacidad o familia numerosa (Consejería para la Igualdad y Bienestar Social).
Además, a través de un portal específico en la página web de la Consejería de Educación se pueden consultar aspectos relativos a la tramitación, el estado de las solicitudes, los resultados de las asignaciones de plazas o la distribución de los centros docentes por zonas de escolarización. Esta herramienta también ofrece la posibilidad de descargar los impresos de solicitud, realizar autobaremaciones o llevar a cabo la tramitación telemática si se dispone de la firma digital.
Por su parte, el portal de áreas de influencia de escolarización Educasig es una aplicación «innovadora y única», para la que la Consejería ha contado con la colaboración del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que ha logrado superponer la planimetría del callejero de toda Andalucía, la información censal y la red de centros docentes.
Han recordado que durante todo el procedimiento de escolarización permanece activo un teléfono gratuito de información (900-848000) en horario ininterrumpido de 9,00 a 20,00 horas y las familias pueden recibir información sobre la plaza solicitada a través del correo electrónico y mensajes SMS de móvil.
Así, cuando la oferta de puestos escolares es superior a la demanda, los solicitantes son admitidos sin más trámites y solo en aquellos centros donde haya más solicitudes que plazas, se procede a la baremación y publicación en el tablón de anuncios de la relación de solicitantes con la puntuación obtenida.
A continuación, se abre un plazo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones, hasta la relación definitiva de admitidos y no admitidos. Si tras la aplicación de los criterios de baremación se producen empates, se aplica el resultado del sorteo público que se celebra anualmente en la sede de la Consejería de Educación, una vez cerrado el proceso de admisión de solicitudes.
En la provincia de Huelva, alrededor del 93 por ciento de las familias accedieron al primer centro solicitado y casi el 98 por ciento lo hace en algunos de los restantes centros demandados. En este sentido, han resaltado la labor del servicio de Escolarización de la Delegación Territorial y de los centros educativos que hacen posible que el proceso de escolarización se desarrolle «de forma adecuada y con total transparencia».
Se trata, según han sostenido, de «un proceso reglado y público» que año tras año, se afianza y mejora, de tal manera que en el pasado curso escolar, sólo el 0,49 por ciento del total de participantes presentó el pasado curso alguna reclamación o recurso de alzada. De hecho, «el procedimiento andaluz ha servido de referencia a otras comunidades autónomas», han proseguido.
