Los Administradores de Fincas Colegiados exponen a la Subdelegación la gravedad de la ocupación ilegal

 Los representantes del Colegio de Administradores de Fincas de Huelva (COAF) se reunieron hoy con la subdelegada del Gobierno en un primer encuentro institucional desde que Asunción Grávalos asumiera el cargo hace 3 meses. En el mismo le transmitieron, principalmente, la preocupación de los Administradores Colegiados, y en nombre de las Comunidades de Propietarios que representan en toda la provincia, la gran preocupación existente por el aumento y la incidencia de la Ocupación ilegal en toda la provincia de Huelva, y muy especialmente en pueblos de la Costa.

El presidente del COAF, David Toscano, le transmitió la inquietud del colectivo de Administradores de Fincas al respecto y solicitó a Grávalos la necesidad de “establecer y consensuar con la Subdelegación de Gobierno algún protocolo para que actúen con determinación las fuerzas de Orden Público, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, que son las más implicadas en estas situaciones”, dada la gravedad e importancia de los problemas que está causando la Ocupación y que “se está extendiendo y generalizando por la provincia, afectando a decenas de Comunidades de Propietarios en muchos pueblos”.

Los Administradores Colegiados son interlocutores perfectamente informados sobre las circunstancias que se están viviendo en las comunidades de vecinos que sufren una Ocupación y cuyos causantes “afectan a todos los elementos comunes de los edificios o urbanizaciones, además de con sus modos de vida, con los enganches ilegales que realizan y cuyos costes luego deben afrontar el conjunto de propietarios de la finca”, explicó Toscano a la subdelegada, que se manifestó muy interesada en contribuir a encontrar soluciones a esta problemática que tiene lugar con asiduidad en Lepe, Isla Cristina, Punta Umbría y la propia Huelva capital entre otros municipios.

Despertar conciencias sobre un problema que afecta a toda la vida de un barrio
Cuando se produce la Ocupación los primeros en actuar son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y por eso el COAF quiere “despertar conciencias, tanto de las autoridades como en la sociedad, y atajar una situación que lleva años implantándose y se convierte en foco que acarrea otros problemas de salubridad, de seguridad y orden público, de violencia o drogas, y que no solamente afectan al edificio ocupado, sino al conjunto de vecinos de la calle o el barrio donde se radica”, explicó Toscano a la subdelegada, informándole de que hay fincas “en las que hasta el 80% de las viviendas están ocupadas”.

El Colegio de Administradores de Fincas es consciente de que hay básicamente dos tipos de ocupación diferente. De una parte la que es fruto de dificultades económicas sobrevenidas en familias que se han visto desahuciadas y sin otra posibilidad que la de ocupar una vivienda, y de otra aquellas que producto de colectivos o individuos que quieren aprovechar la de falta de control y casas vacías “para introducirse en viviendas abandonadas para entrar a vivir en ellas y además sacar algún tipo de rentabilidad económica, extorsionando a los legítimos propietarios y usándolas para acciones delictivas”, aclaró Toscano.

En ambos casos la afectación para la vida y la economía -mediante enganches ilegales a la luz o el agua- del resto de vecinos de las Comunidades de Propietarios afectadas es total “por lo que se hace muy necesario determinar una serie de instrucciones que orienten a los profesionales sobre cómo actuar en cada caso”, manifestaron los Administradores de Fincas Colegiados a la representante del Gobierno en Huelva.

La inacción de los bancos y la aparición de ‘mafias’
Esta problemática ha empezado a agravarse y reproducirse tras duros años de crisis económica que ha dejado multitud de edificios con viviendas abandonadas y sin nadie que responda por ellas, “especialmente cuando los propietarios de las mismas son los bancos, y no están atendiendo como corresponde al conjunto de obligaciones que tienen”, lamentó el representante de los Administradores de Fincas, quienes ya trabaja en un memorándum por el que las entidades bancarias deberían asumir mayores responsabilidades.

Esto está favoreciendo, además, la proliferación de métodos que podrían encuadrarse como actividades mafiosas, que sin duda agravan el problema de los vecinos y Administradores Colegiados, como profesionales que tienen “conocimiento fehaciente de grupos encargados de ofrecer información a cambio de dinero, a familias necesitadas o personas concretas, sobre las viviendas susceptibles de ser ocupadas en cada zona”, explicó el presidente del COAF en el transcurso de la reunión en la Subdelegación.

La subdelegada del Gobierno, por su parte, asumió esta situación y se comprometió a intentar agilizar medidas para corregir esta preocupante situación y mantener un seguimiento de las mismas. El encuentro se enmarcó dentro del programa de reuniones institucionales con colectivos y entidades que Asunción Grávalos lleva realizando desde que tomara posesión de su cargo.