Los agricultores de Almonte temen que las sanciones de la UE por la proposición de Ley andaluza arruinen la reputación agrícola de Doñana

La Asociación de Agricultores Puertas de Doñana, que reúne a más de 350 empresarios agrícolas de Almonte y más de 4000 Has de suelo agrícola de regadíos legales, expresa su “temor a las posibles sanciones millonarias de Bruselas” por la proposición de Ley que se tramita en el Parlamento andaluz para modificar el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana, según se deduce de la respuesta escrita del comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea Virginijus Sinkevicius.

Esas sanciones “pueden arruinar la reputación agrícola de Doñana y, a su vez, trasladarse a las ayudas que reciben todos los agricultores, con un impacto terrible, no solo a la economía de Almonte y la comarca, sino a todo el sector de los frutos rojos de Huelva”, advierte el portavoz de la asociación almonteña, Manuel Delgado.

Los agricultores consideran que es una “temeridad del Parlamento andaluz poner en peligro a miles de familias, empleos y un prestigio bien ganado, porque la información llega sesgada al consumidor europeo, que puede pensar que el producto que está comprando está regado con aguas ilegales, y no es así para nada”, indica el portavoz. “Las aguas de Almonte son y siempre han sido legales, y nuestro producto cumple todas las normativas y somos muy estrictos con los controles de calidad y, por supuesto, con el control del agua, sabemos que el agua es un bien muy preciado y no lo podemos obviar, tenemos que cuidarlo”, señala Delgado.

Desde la asociación Puerta de Doñana aplauden también la decisión del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) de llevar al Tribunal Constitucional la proposición de Ley impulsada en el Parlamento andaluz por el PP, Ciudadanos y Vox. El Gobierno pretendería evitar la sanción millonaria de la Comisión Europea, quien ya ha advertido a España de su responsabilidad en los acuíferos de Doñana, la última bajo una condena firme de más de 62 millones de euros por incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo (TSJUE).

En este sentido, la asociación manifiesta asimismo su “satisfacción inicial” ante el anuncio de que el Gobierno ha aprobado la creación de la comisión técnica que ha de comenzar a gestionar el trasvase de 20 hm3 de agua del Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir, y que llevan reclamando desde hace años en cumplimiento de la Ley del Trasvase de 10/2018.

AGUA SUPERFICIAL PARA LA AGRICULTURA, DOÑANA Y EL TURISMO

“Esta Ley ampliará de 4,99 a 19,99 hm3 el agua que debe llegar al Condado, y esta comisión es un primer paso para construir las infraestructuras que traigan agua que asegure los cultivos de Almonte y la supervivencia de Doñana, especialmente en peligro tras la proposición de Ley del Parlamento Andaluz que prevé ampliar superficies de regadío sin haber asegurado primero el agua para los agricultores legales”, lamentó Delgado, señalando que “la llegada de Agua Superficial sería la mejor garantía para una correcta compatibilización de la reserva de Doñana con el propio Turismo de Matalascañas y con las actividades que en torno a la devoción rociera aquí se desarrollan, o incluso con los aprovechamientos ganaderos”.

Dado que los terrenos en Almonte ocupan un 52% de la superficie del Plan de la Corona Norte, frente al 48% que ocupan los otros cuatro municipios que lo integran, los agricultores de Puerta de Doñana se han apartado de la ‘Plataforma de Regadíos del Condado’ pues consideran que “sólo ha protegido los intereses de la mitad del Plan de la Corona Norte y, tras dos años sin reunirse, han mostrado su apoyo a una Proposición de Ley que no ha tenido en cuenta ni al sector agrícola de Almonte ni al resto de los agentes implicados como el Consejo de Participación de Doñana, los ayuntamientos o la propia Confederación”, asegura Delgado.

El espíritu que siempre tuvo la Ley es el de “preservar Doñana y protegerla, aportando agua superficial que sustituya las acometidas de los pozos legales de los agricultores del municipio de Almonte”, explica Delgado, haciendo una “llamada a la cordura en defensa del sector y del medio natural, en la línea de lo que viene exigiendo la propia Comisión Europea”. “No se pueden aprobar las cosas a la carrera y ampliar superficies de regadío sin añadir nuevos recursos hídricos, porque así no va a haber agua para nadie”, destaca el portavoz almonteño, recordando que también sería agua para consumo humano, y que terminar de construir las infraestructuras para ese aumento de casi 20 hm3 va a llevar muchos años “porque no solamente falta el Túnel de San Silvestre, sino toda una serie de obras que requieren de una importante inversión, algunas de las cuales están hechas, pero otras aun no”.

Mientras tanto, “si se siguen ampliando ‘sine die’ las hectáreas regables, los que estamos legales a día de hoy nos vamos a ver abocados a reducir nuestro consumo, sabiendo que tenemos una sequía encima y reducir la disposición de agua implica reducir directamente el terreno que se cultiva y eso repercute en la economía y la riqueza de toda la zona y en más de 30.000 empleos directos y muchos más indirectos”, explica Manuel Delgado, quien admite que “ya es de por sí muy difícil mantener la actividad agrícola con los precios de los frutos rojos por los suelos, y los costes disparados y la competencia desleal de terceros países, como para que nos quiten el agua”.