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La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha puesto en valor que parece muy probable que Bruselas responda afirmativamente a la petición impulsada desde Andalucía de contar en 2023 con ayudas de desarrollo rural destinadas a paliar el impacto de la guerra de Ucrania y, si se confirma, “tendremos la oportunidad de tener nuevamente la ‘Medida 22’ del Programa de Desarrollo Rural (PDR)” y la reserva de crisis de la Unión Europea “para todos los países miembros”. Como ha explicado Crespo, el campo andaluz contaría así con “una cifra redonda” al ponerse a disposición del sector agrario “alrededor de 500 millones de euros en medidas extraordinarias desde la Covid-19”.
Este montante al que ha hecho referencia la consejera contempla, entre otras líneas, alrededor de 44 millones de euros de la ‘Medida 21’ del PDR destinada a los sectores más afectados por la pandemia; casi 37 millones de euros de la ‘Medida 22’ para productores que han sufrido gravemente el impacto de la guerra de Ucrania en 2022; y unos 70 millones de euros que se estima que podrían recibir los andaluces si se vuelve a activar esta última medida para el año 2023. Además, contempla también ayudas de mínimis y líneas incluidas en los Decretos de Sequía de Andalucía en apoyo a ganaderos afectados por la escasez de recursos hídricos.
Carmen Crespo ha informado hoy en comisión parlamentaria sobre las medidas complementarias de apoyo al sector primario por la invasión de Ucrania y la sequía que afecta al campo andaluz y ha apuntado que, sumando estas actuaciones a las líneas ordinarias puestas a disposición de los agricultores y ganaderos andaluces en esta legislatura y la anterior, el montante rondaría en Andalucía los 4.000 millones de euros. En cuanto al objetivo, la consejera ha destacado que este respaldo público persigue “dar al sector una certidumbre que no debe quitarle la Política Agraria Común (PAC), la guerra de Ucrania, la alta inflación, los elevados costes de producción o la pertinaz sequía, circunstancias que en estos momentos sufren los agricultores y ganaderos”.
En su intervención, Carmen Crespo ha afirmado que el Ejecutivo regional “está haciendo todo lo que está en sus manos” y, gracias a ello, el sector “va a tener y está teniendo ya ayudas”. La consejera ha apostado por actuar con la máxima agilidad posible y ha comentado que la Junta “está intentando tener todo en marcha en verano, aunque el Gobierno de España ha informado de que sus ayudas llegarán en otoño”. Crespo ha afirmado que el Gobierno regional “ya tiene preparadas todas sus ayudas” a la espera de “la reunión final con el Ministerio” en la que podrán conocer los sectores a los que se destinan las subvenciones estatales y, de esta forma, hacer que las líneas de Andalucía sean “complementarias” y se pueda “cerrar el círculo para lograr que estas ayudas tan necesarias lleguen a todos los sectores”.
Guerra de Ucrania
El conflicto bélico en Ucrania ha conllevado una multiplicación de los costes de producción del sector primario, algunos muy encarecidos ya como es el caso de la luz, y otros insumos esenciales para la agricultura y la ganadería como los fertilizantes y los piensos de los animales. Al respecto, la consejera ha recordado que “Andalucía fue pionera en la petición de la ‘Medida 21’, para respaldar al sector ante la pandemia por Covid-19; y de la ‘Medida 22’ por la guerra de Ucrania”. En el caso de esta segunda línea, el Gobierno andaluz ha concedido ayudas de desarrollo rural por valor de 36,9 millones de euros repartidas entre más de 7.500 productores dedicados a la ganadería (sector caprino, porcino, de gallinas y de pavos de engorde) y al cultivo de cítricos, vid y flor cortada.
Sequía
Además, a esta situación se suma la grave sequía que está afectando a España en general, y a Andalucía en particular. Al hilo de esta cuestión, Carmen Crespo ha puesto en valor el importante avance que está experimentando el aprovechamiento de fuentes hídricas no convencionales en Andalucía, apuntando que “las aguas regeneradas tienen que llegar a todas partes” para responder a la “necesidad urgente de agua” que del sector agrícola. La consejera ha explicado que “ya se han puesto en servicio numerosas obras de sequía relativas a tratamientos terciarios de depuradoras” que permiten proveer a los agricultores de aguas regeneradas para su uso en el riego de los cultivos y “después del verano se incorporarán otras del Decreto de Sequía”. A modo de ejemplo, ha valorado los 4 hm³ de aguas regeneradas que se aportan a la provincia de Granada gracias a este sistema de reutilización de los recursos hídricos y a nuevos recursos en la comarca malagueña de La Axarquía o en las zonas de Levante y Poniente de Almería.
Respecto al Guadalquivir, Crespo ha vuelto a ofrecer el apoyo de la Junta para que los agricultores puedan aprovechar “los 20 hm³ nuevos de aguas regeneradas que son fundamentales para la agricultura de la zona” y están contemplados en la planificación de esta cuenca. Para ello, desde la Junta se exige que el Estado otorgue las concesiones definitivas a los regantes, que ahora cuentan únicamente con permisos en precario.
PAC e impuestos
Por otro lado, la consejera ha lamentado durante su discurso que las medidas de flexibilización de la PAC y alegaciones presentadas por Andalucía que ha aceptado el Ministerio son “insuficientes” y, en consecuencia, “nos hemos quedado en el camino corto” al no contar con la aprobación de “alegaciones fundamentales para no perder 500 millones de euros de la PAC en Andalucía”. “Nosotros hemos consensuado con el sector las medidas de flexibilización y hemos llegado al máximo, dentro de nuestras posibilidades, para que los productores no tengan penalización”, ha recalcado Crespo.
Además, la titular de Agricultura ha insistido de nuevo en que considera “de vital importancia” que se lleve a cabo una rebaja de impuestos por ser esta “una de las fórmulas idóneas para minimizar los costes”. Como ejemplo de herramienta para reducir los gastos de los agricultores, la consejera andaluza ha apuntado la importancia de activar la doble tarifa eléctrica para los regantes, recordando que “esta medida, que es viable y está recogida en la Ley, puede suponer un 30% o 40% menos de facturación”.
