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Los cooperativistas del Plan Almonte-Marismas no cesan en su empeño de conseguir el reconocimiento de sus derechos y una solución a sus pretensiones. Tras recibir el apoyo de varios grupos del Parlamento andaluz a sus reivindicaciones, el proceso para intentar alcanzar una solución que satisfaga sus demandas ha entrado en una situación de punto muerto. La reuniones que ha mantenido la comisión de representantes de sociedades cooperativas e individuales con los responsables de las delegaciones territoriales de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca, no ha dado resultado.
Ante la situación de estancamiento y los compromisos adquiridos por IU, PP y Podemos, los cooperativistas solicitan a estas formaciones políticas que impulsen en el Parlamento una comisión de investigación del sector II del Plan Almonte-Marismas para esclarecer «todo el turbio asunto en que ha convertido el Gobierno del PSOE el Plan y se aclaren los agravios comparativos que se han generado, engaños, injusticia social y discriminación» de la que fueron objeto los agricultores que optaron por el abandono de las tierras.
De forma urgente piden el cumplimiento de la Proposición no de Ley, en cuanto la creación de una mesa de negociación para «resolver los perjuicios que las irregularidades han causado y llegar a una solución política aceptable» para los cooperativistas.
Los cooperativistas y particulares denuncian desde hace tiempo que las condiciones pactadas inicialmente fueron modificadas en beneficio de los agricultores que decidieron seguir con la actividad y, en perjuicio, de los que aceptaron dejar los cultivos para preservar Doñana y su entorno.
Según los cooperativistas de los subsectores II (unas 1.000 hectáreas de cultivos), una vez que optaron por la retirada, la Junta esperó hasta 2003 para modificar «unilateralmente», en contra de lo pactado, y permitió el acceso a la propiedad al resto de concesionarios en condiciones muchos más ventajosas, que han sido denunciadas desde entonces por los acogidos a la retirada.
Los agricultores que optaron por el abandono denuncian que la Junta ha permitido especulaciones a los colonos que continuaron con los cultivos, así como la apropiación de tierras ilegales. Los agraviados llevan años intentando negociar directamente con la Junta de Andalucía en busca de una solución política que hasta ahora ha resultado infructuosa, así como cuando lo hicieron con representantes del PSOE.
