Por Durante el pleno celebrado ayer en Almonte, además de los puntos que estaban en la orden del día, IU pidió al equipo de gobierno explicaciones sobre la posible imputación un una edil almonteña por prevaricación y un delito contra el patrimonio histórico.
Decimos posible, porque según José Joaquín de la Torre, portavoz popular, aún no se tiene constancia de esa imputación más allá de lo publicado en algunos medios.
Aseguran éstos, que el juzgado de instrucción número 3 de La Palma del Condado ha imputado a la edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Almonte, Rocío Fátima Pérez, por un delito de prevaricación y contra el Patrimonio Histórico.
Los hechos se derivan de la rehabilitación de una casa señorial del siglo XVIII protegida por la Junta de Andalucía por su valor histórico. La sospecha radica en que la concejala dejara caducar conscientemente el expediente de la legalidad urbanística y por no suspender las obras.
El recelo de los juzgados aumenta por la estrecha relación que ‘al parecer’ mantiene la edil con el dueño del inmueble, Juan Soltero, pues trabajó para su empresa antes de ser concejala en el ayuntamiento.
Los dos posibles imputados han sido llamados según publican algunos medios’ a declarar ante el juez el próximo día 20 de noviembre, donde le preguntarán por qué no utilizó los mecanismos legales que tuvo para paralizar la obra favoreciendo así presuntamente al promotor.
Según el Portavoz del equipo de gobierno, José Joaquín de la Torre, detrás de todo esto estaría el partido socialista que busca salpicarles al verse ellos mismos rodeados con otros casos que ya están siendo juzgados.
