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Los senadores socialistas por la provincia de Huelva, Manuel Guerra, Ana Pérez y Amaro Huelva, han registrado una pregunta por escrito en la Cámara Alta para que el Gobierno explique los pormenores del acuerdo alcanzado entre la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, y el alcalde de Lepe, el popular Juan Manuel González, para la ejecución de los accesos a las obras del Chare.
Esta circunstancia, que se ha conocido por los medios de comunicación, se produce después de que el primer edil lepero se haya negado a asumir –como así se comprometió mediante un convenio rubricado con la Junta de Andalucía- el coste de las obras de urbanización y conducciones de agua y luz para abastecer al nuevo Centro de Alta Resolución de la Costa Occidental, donde la Administración autonómica ha invertido más de 20 millones de euros.
Los senadores quieren conocer a qué partida de los Presupuestos Generales del Estado corresponden las inversiones anunciadas por el alcalde tras la reunión que dice haber mantenido con Ana Pastor. Del mismo modo, los senadores quieren saber a cuánto asciende la inversión comprometida para las rotondas de acceso a dicho centro hospitalario y si existe para ello algún proyecto básico de ejecución. De ser así, los parlamentarios onubenses piden el detalle de los plazos de ejecución de las citadas obras.
En opinión de Amaro Huelva, “no es de recibo que una infraestructura tan esperada, deseada y necesaria en la Costa de Huelva esté finalizada y que no pueda dar el servicio sanitario a los usuarios por culpa de la incompetencia de un partido político, el PP, que quiso que el Chare estuviera en el término municipal de Lepe y no en otro, cuando hubo pueblos, como Isla Cristina o Cartaya, que pusieron también los terrenos a disposición de la Junta de Andalucía”.
Este municipio, el más grande de la provincia después de la capital, que gobernaba entonces el actual presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, “se comprometió a asumir el presupuesto de unos trabajos que ahora, su compañero de filas, se niega a ejecutar. Y para más inri, pretende que el coste de las obras de urbanización y tomas de agua y luz sea asumida por los municipios implicados (seis en total) y por la Diputación Provincial, sin competencias en los pueblos mayores de 20.000 habitantes y que tiene que velar por la estabilidad de los pueblos más pequeños y necesitados, no por los que manejan grandes presupuestos”.
