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“La apuesta firme de Ciudadanos por la formación para el empleo va a ofrecer nuevas e interesantes oportunidades a más de 720 onubenses desempleados en los próximos meses”, ha manifestado la coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Huelva y diputada provincial, María Ponce, que ha subrayado el “valor extraordinario” de esta iniciativa de la Consejería naranja de Empleo, Formación y Trabajo autónomo, que lidera la consejera Rocío Blanco, “en un momento tan complicado como el actual, marcado por la pandemia”, y que “sigue provocando un preocupantes crecimiento del paro en nuestra provincia”.
María Ponce, que ha recordado que “uno de los objetivos primordiales de Cs en esta pandemia, junto a salvar vidas, es salvar empleos”, ha considerado que “la formación y el reciclaje profesional que ofrecen estos cursos son fundamentales para reactivar el mercado de trabajo y salir de la crisis de la mejor forma posible”. En particular, la coordinadora de la formación naranja se ha referido al proceso de licitación para impartir cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE), que supondrá un gasto público de más de 1,9 millones de euros para desarrollar 21 acciones formativas en sectores como el Agrícola e Industrial, Apoyo a las empresas, Comercio y Transporte y el de Servicios a la Comunidad y Personales en la provincia.
La portavoz naranja ha valorado, además, que esta nueva convocatoria se une a las aprobadas en septiembre para el sector de la Hostelería, Turismo y Nuevas Tecnologías, por importe de 656.000 euros, que beneficiarán a 1.350 onubenses desempleados, así como las 10 acciones formativas del sector de la Construcción con un presupuesto de 458.000 euros y que se destinan a 150 desempleados onubenses. De igual modo, también se encuentra la línea dirigida preferentemente a personas trabajadoras ocupadas, Andaluces Digitales, por valor de 394.600 euros.
Finalmente, María Ponce ha destacado especialmente que todos estos procesos de contratación pública suponen “recuperar la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía tras una década de paralización”, además de “apostar por una nueva fórmula jurídica de tramitación, que garantiza mayor calidad, transparencia y control del gasto público frente a las subvenciones que concedían anteriores gobiernos socialistas, muchas judicializadas con la sombra del fraude”.
