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La diputada provincial María Ponce ha lamentado que el PSOE y el teniente de alcaldesa y concejal de playas del Ayuntamiento de Cartaya, David Fernández Calderón, “hayan dado la espalda a los vecinos de El Portil y Nuevo Portil” en el pleno de la Diputación y se hayan “excusado en otras cuestiones para no respaldar la moción que pedía un compromiso firme, con plazos concretos y presupuesto real, para dar una solución estable y definitiva a estas playas de Huelva”.
Ponce, que había propuesto que la Diputación fijara el 31 de diciembre como la fecha límite para que el Gobierno de España diera a conocer la solución técnica para frenar la degradación del litoral onubense, teniendo en cuenta que ya en 2013, informes técnicos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente advertían de los graves problemas que los fenómenos atmosféricos estaban causando en esta zona del litoral onubense y “ya entonces instaba a tomar medidas definitivas”, ha criticado que “nuevamente el equipo de gobierno socialista y el representante de Unidas Podemos dejen solos a los ayuntamientos y a los vecinos afectados por esta situación que vienen padeciendo desde hace décadas”.
La diputada ha insistido en la necesidad de tomar medidas para frenar esta degradación que “ya se ha convertido en un problema de seguridad ciudadana”, puesto que “recientemente los servicios de emergencia no han podido acceder a la playa para atender a un ciudadano que los necesitaba, además de estar perjudicando a los vecinos, el turismo y la hostelería”.
Asimismo, Ponce ha lamentado que, “una vez más, el equipo de gobierno socialista en la Diputación y el diputado de UP, haya dejado pasar la oportunidad de dar un paso más en favor de la transparencia y la democracia en la institución negándose a debatir” en torno a la creación de un apartado específico en el Portal de Transparencia para hacer un seguimiento de las mociones presentadas por todos los grupos políticos y, sobre todo, para conocer el grado de cumplimiento de aquellas que han sido aprobadas. “Han negado el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre el trabajo que realizan sus representantes y sobre el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos”, ha concluido.
