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La diputada europea subraya que el acuerdo, bendecido ya por PP y PSOE, perjudicará especialmente a las cooperativas de fresas y cítricos y al sector ganadero al liberalizar la entrada de productos y competencia agrícola y cárnica que utilizan una regulación sanitaria y de producción más laxa que la europea y española
Las multinacionales impondrán sus condiciones en las lonjas de alimentos, en las inversiones fabriles, en espacios naturales protegidos y supeditarán las normas locales a la hora de adjudicar obras y servicios a la normativa pactada
La europarlamentaria de Izquierda Unida Marina Albiol se ha desplazado hasta Huelva para analizar las repercusiones que sobre la agricultura, ganadería, pesca y sectores empresariales onubenses tendrá el Tratado de Libre Comercio que están negociando “en secreto”, dijo, Estados Unidos y la Unión Europea. Albiol también abordó la situación de las balsas de fosfoyesos y las acciones que el Grupo de la Izquierda Europea pondrá en marcha para apoyar las reivindicaciones medioambientales de Izquierda Unida y visitó la localidad de Nerva, donde estaba previsto un acto público.
Junto al coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Pedro Jiménez, la eurodiputada advirtió de los daños irreparables que para las cooperativas de fresas, cítricos, ganaderos, pequeñas empresas e incluso el medio ambiente tendrá el acuerdo que se negocia actualmente. Albiol ha señalado que este Tratado cuenta con el apoyo de los dos grandes partidos españoles, el Partido Popular y el PSOE, que han vuelto a posicionarse a favor de las grandes empresas multinacionales y los bancos, a los que el Tratado da todas las facilidades para que hagan una competencia asfixiante a los productos agrícolas y ganaderos onubenses.
La trascendencia local del Tratado de Libre Comercio USA-Europa es de tal calibre que hasta afectaría a espacios tan emblemáticos como Doñana, donde están en juego inversiones gasísticas que hoy, gracias la legislación andaluza y españolas, son imposibles y que el Tratado no sólo consentiría sino que obligaría a indemnizar a las empresas en el caso de imposibilitarles sus inversiones. O se plegaría a los intereses de los denominados Fondos Buitres que son, ahora mismo, los que manejan materias tan sensibles como el tráfico y entrada de residuos en el vertedero de Nerva.
Marina Albiol subraya que la política de Izquierda Unida pasará por “cerrar las puertas a los lobbys y abrirlas a los ciudadanos, a las plataformas vecinales” y precisamente el Tratado de Libre Comercio amplía el horizonte de las privatizaciones, desde la sanidad, la educación hasta la gestión de recursos públicos como el agua.
Con su visita a Huelva, Albiol sigue la estela de su compañero Antonio Maíllo, coordinador regional de IU en Andalucía, que ya ha comenzado una serie de reuniones con asociaciones agrarias y ganaderas para analizar la incidencia real del Tratado en la economía onubense, en sus cooperativas agrícolas y en sus explotaciones ganaderas.
Por su parte, el coordinador provincial de Izquierda Unida, PedroJiménez, ha mostrado su oposición al Tratado de Libre Comercio porque “perjudicará al campo y a las empresas de Huelva”. Jiménez advierte que el Tratado pondrá en desventaja a las explotaciones ganaderas y cooperativas agrarias y fruteras de la provincia onubense al permitir la entrada de productos más baratos y con una regulación sanitaria, laboral y medioambiental mucho más laxa.
Marina Albiol avanzó que “aunque la UE no permite legalmente la carne con hormonas, ni los pollos tratados con un elemento tóxico como es el cloro, ni los piensos transgénicos, ni los cerdos criados en jaulas de hacinamiento en batería, la UE sí reconocerá globalmente la seguridad alimentaria de la carne estadounidense para que pueda tener un acceso libre al mercado europeo y llegar a sus tiendas y consumidores”. En el caso del campo andaluz, éste tendrá que enfrentarse a la entrada de productos alimentarios fuertemente subvencionados.
Desde Izquierda Unida se ha comenzado a informar a las organizaciones agrarias andaluzas y onubenses de los perjuicios que acarreará al campo la firma de un tratado como éste. Y cita entre estos perjuicios la disminución de la renta agraria, la reducción del número de explotaciones ganaderas y agrícolas y la entrega a las grandes compañías distribuidoras de la llave para marcar los precios. Evidentemente, todo esto acabará reduciendo el número de peonadas que el trabajo agrícola genera entre los trabajadores y trabajadoras de Huelva y Andalucía.
A esta lista de perjuicios, Izquierda Unida añade la zancadilla que el Tratado pone a la compra pública de productos de proximidad, lo que dificultará, por ejemplo, la venta de productos frescos a cooperativas locales para destinarlos a acción social. Y tampoco, los ayuntamientos podrán beneficiar a las empresas de servicios de cada pueblo porque el Tratado de Libre Comercio obligará a reformar normas y hasta relaciones laborales, en beneficio de las multinacionales. Un ejemplo: las obras de las plazas y calles de los pueblos podrán ser asumidas por grandes empresas a través de subcontratas posteriores porque las adjudicaciones a empresas locales serán consideradas ilegales si no hay libre concurrencia de ofertas abiertas al mercado global. Contratos públicos de agua, basura, limpieza serán adjudicados a grandes firmas internacionales al no poder competir las pequeñas y medianas empresas a las que hoy benefician los pequeños municipios a través de los ayuntamientos.
Pero hay otro aspecto de los que han trascendido que puede acarrear graves perjuicios a los gobiernos locales, autonómicos y estatales pues, subraya IU, otra de las demandas claves de las patronales en todas las negaciones comerciales ha sido garantizar que la compra pública (contratos de gobiernos locales, autonómicos, estatales) sean abiertos a la competición global, especialmente de cara a los recientes programas económicos que pretenden favorecer contratos con pequeñas empresas locales frente a las empresas multinacionales como una vía de apoyar las economías locales para recuperarse de la crisis financiera, poniendo en riesgo los criterios de apoyo a la compra local o los avances que se puedan realizar en materia de cláusula social o compra ética.
