Por 
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estima que la reactivación de la construcción, sobre todo de la obra pública, puede convertirla en un sector refugio para empleados no cualificados del sector servicios, el más afectado en términos de aumento del desempleo.
En este punto, ha puesto como ejemplo el sector del turismo cuyas pérdidas previstas alcanzan los 6.000 millones y los 150.000 trabajadores. “Tenemos claro que no vale otra cosa que reforzar el sector con todo lo que podamos. La inversión en infraestructuras es imprescindible para salir de la profunda crisis en la que nos ha metido de lleno esta pandemia”, ha declarado.
Todo ello, tras mantener una videoconferencia con el sector de la construcción, donde ha podido conocer de primera mano sus problemas y preocupaciones, además de recoger sus demandas y tratar de darles respuesta en la medida de lo posible. Este ramo es responsable directo del 6% del PIB andaluz, representando el 6,4% del mercado laboral, con unos 260.000 ocupados.
Continuando así con la ronda de conversaciones con los principales sectores de actividad andaluces, Moreno ha trasladado la preocupación del Gobierno andaluz ante el durísimo impacto que la pandemia y el confinamiento han causado sobre un sector clave para el desarrollo y la generación de riqueza en Andalucía, tanto en las grandes empresas como en la pymes y autónomos.
Un perjuicio, ha dicho, que comparte con el sector, “podría haber sido menor” si el paro obligatorio decretado a finales de marzo lo hubiese gestionado el Gobierno de España de otra manera, como mínimo, ha especificado, con previsión y consultando a las organizaciones empresariales.
Durante la videoconferencia, en la que también estuvieron presentes el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo; el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco; la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, Moreno ha detallado que la Administración andaluza ha hecho frente a los pagos pendientes en materia de certificaciones de obras, reclamaciones judiciales y expropiaciones. “Nuestra obligación era hacer llegar liquidez a las empresas”, ha apostillado.
Así, ha recordado que el Gobierno andaluz ya hizo un importante esfuerzo en 2019 abonando 240 millones de euros y en este trimestre se ha conseguido la misma dinámica, logrando afrontar los pagos a 36 días, cuando tan sólo el verano pasado se tardaban 109 días.
En este sentido, el presidente andaluz ha afirmado que la Consejería de Fomento ha avanzado “cuanto ha podido”, de modo que, en cuando el Gobierno de la Nación lo permita, se pondrán en marcha todas las contrataciones paralizadas y aquellas iniciadas y pendientes, utilizando el procedimiento de urgencia para acortar los plazos y favorecer que todas esas contrataciones lleguen cuanto antes.
Respecto con esto último, ha subrayado que en la Conferencia de Presidentes solicitó la derogación de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto del Estado de Alarma, de manera que se permitiera seguir con los procedimientos de contratación y demás, para poder lanzar unos contratos que, a su juicio, “son muy importantes”.
En cuanto a la inversión en obra pública, que ha considerado “la esperanza del sector”, ha valorado que sería “interesante” explorar al máximo la colaboración público-privada, un modelo por el que apuesta el Ejecutivo andaluz, “porque así también se podría absorber parte del más que previsible aumento del desempleo en los segmentos más afectados por la crisis: la edificación y la rehabilitación”, ha explicado.
Con esto, estudiando fórmulas para impulsar al sector, el Gobierno de Andalucía continúa en su afán de anticiparse a los acontecimientos que pueda generar la pandemia por la Covid19, con el fin de amortiguar sus efectos, y siendo proactivo, “porque siempre es mejor prevenir que curar”, ha apostillado. “De aquí, o salimos todos, o no salimos, no se trata de enfrentar lo público con lo privado –ha aclarado–, se trata de complementar el esfuerzo de lo público con lo privado, y que ese empuje conjunto nos ayude a generar la mayor actividad económica posible, que es nuestro gran reto y nuestro gran objetivo”.
Asimismo, ha apuntado que el Gobierno andaluz está preparando pliegos y exigiendo al Gobierno de España la modificación de la norma para favorecer la colaboración público-privada en materia de inversiones y de infraestructuras, “que hasta ahora sufre un freno importante y espanta a los futuros concesionarios de esos contratos”.
Un mecanismo que, según ha anunciado, están preparando para utilizarlo también con las concesiones de los puertos. De esta forma, las concesiones no sólo van a contar con seguridad jurídica, sino que va a suponer que se vincule su concesión futura a la inversión en las infraestructuras portuarias que son concesiones de la Junta de Andalucía.
Así, puertos de referencia como Puerto Banús o Sotogrande contarán con proyectos e inversiones importantes para favorecer su ampliación y la creación de empleo. En dicho encuentro, Moreno, además, ha revelado que el Gobierno andaluz va a poner en marcha el pilotaje del desarrollo del suelo del que dispone la Agencia de Vivienda de Andalucía de uso residencial para viviendas protegidas a precio asequible a través de la permuta a cambio de viviendas. “Un mecanismo de colaboración público-privada que entendemos va a venir a estimular el sector también de la edificación”.
Así, ha continuado, se empezará por ocho proyectos, uno por provincia andaluza. Por otro lado, ha aludido a que se continúan preparando convocatorias públicas de fomento del parque de viviendas en alquiler de nueva construcción, favoreciendo la construcción de vivienda a través de empresas públicas, pero también promotores privados.
La convocatoria de 202, que está prácticamente ultimada, contará con un presupuesto de 38 millones de euros. Por último, Moreno ha adelantado que su Ejecutivo está aprovechando este tiempo para contar ya con el borrador de la nueva Ley de Suelo de Andalucía, de la que dará cuenta de su inicio en la tramitación parlamentaria en los próximos Consejos de Gobierno. “Confiamos en que esta norma responda a muchos de los problemas de municipios y proyectos empantanados por unos procedimientos hasta ahora tan complejos”, ha aseverado. Entretanto, y de forma transitoria, se ha aprobado la utilización del procedimiento de urgencia en el trámite del planeamiento del Gobierno andaluz para los planes generales y los planes especiales, reduciendo a la mitad los plazos. “No nos van a frenar en la intención de seguir aclarando, simplificando, desenmarañando toda norma que ha supuesto, en la práctica, un freno al desarrollo. Seguiremos apostando por nuestra Ley de Simplificación Administrativa una norma clave para agilizar la reactivación de Andalucía”.
