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El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha opuesto hoy a la ‘España multinivel’ planteada por el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, porque, según ha apuntado, ello supone una España de los privilegios que creará españoles de primera y de segunda. “Algo está fallando. No se está produciendo un trato de equidad entre las distintas comunidades autónomas y advertimos de que no vamos a permitir tratos de privilegios al País Vasco o a Cataluña. Queremos que toda España avance y progrese, pero no que se le den más recursos a las comunidades más ricas en detrimento de las más pobres ¿Qué clase de progresismo practica este Gobierno?”, se ha preguntado.
Durante su intervención ante los medios de comunicación tras la XXIV Conferencia de Presidentes Autonómicos que ha tenido lugar en Salamanca, Moreno ha indicado que le preocupan las cesiones que se están haciendo a unos en perjuicio de otros y se ha referido concretamente al País Vasco al que el Gobierno de Sánchez le ha cedido la recaudación de tres nuevos impuestos como son el IVA de Transacciones a distancia, el de Transacciones Financieras y el de Servicios Digitales. También ha aludido a la ausencia de Cataluña en este encuentro y ha manifestado que no tiene sentido que no acuda a esta Conferencia de Presidentes y que el lunes tenga lugar una Comisión Bilateral en Madrid entre esta comunidad y el Gobierno.
Además, ha denunciado que Andalucía va a recibir en 2022 un total de 2.400 millones de euros menos que en 2021, lo que supone el mayor recorte a la financiación de las comunidades autónomas, mayor incluso que el que tuvo lugar con la crisis del 2008 y que se suma a los 10.835 millones que la comunidad andaluza ha perdido desde 2009, lo que hace muy difícil poder elaborar un presupuesto y atender a las necesidades frente a la pandemia.
En este punto, ha afirmado que así es muy difícil poder avanzar y mantener los servicios públicos de calidad, ante lo que ha solicitado la creación de un Fondo Transitorio de Nivelación que corrija este maltrato que sufren algunas comunidades entre las que se encuentran Andalucía.
El presidente andaluz, que ha calificado el encuentro de “decepcionante” por las prisas o el orden del día, ha apuntado que una suma de monólogos no es igual a un diálogo y ha insistido en la importancia de, por un lado, cumplir con el Reglamento que regula la Conferencia de Presidentes de manera que todos puedan contar con los temas a tratar con la antelación debida e incluso que las comunidades puedan hacer aportaciones o sugerencias al orden del día y también que se le de una vuelta al modelo de estas Conferencias para que sean prácticas y útiles.
Así, ha subrayado que en un año no se ha avanzado nada en los fondos de recuperación, que no llegan y de los que no hay información al respecto. “Hoy se nos promete gestionar un 55%. ¿Cuándo llegarán?, ¿cómo se repartirán?, ¿podremos decidir qué proyectos ponemos en marcha o nos lo impondrá el Gobierno de la Nación? Las expectativas no se cumplen. No queremos más promesas, queremos recursos”.
También ha hecho referencia a la pandemia de la Covid-19 y ha resaltado en un año se han disparado los contagios y los fallecidos y que de cada diez fallecidos por Covid, cuatro son de este año y unos 2,5 millones de personas se han contagiado con este virus en los últimos doce meses. Con relación a esta cuestión, ha destacado la importancia de las vacunas para hacer frente al virus y ha apostillado que la vacunación no está yendo al ritmo que debería y que hacen falta más vacunas.
Moreno ha declarado que otra de las grandes carencias de España es la falta de una norma que permita adoptar medidas para luchar contra la pandemia, por lo que ha defendido relativizar la importancia de la incidencia acumulada y que no sea este dato el que condicione las decisiones que se adopten e introducir otros datos como el número de hospitalizaciones, ingresos en UCI o fallecidos.
Finalmente, ha afirmado que el Gobierno de la Nación debe legislar de una vez por todas y establecer una legislación que permita afrontar la pandemia y evitar que unos Tribunales digan una cosa y otros digan otra cosa distinta ante las mismas circunstancias epidemiológicas porque ello genera inseguridad jurídica y deja a las comunidades autónomas desnudas y a expensas de las decisiones judiciales.
