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Muriel destaca que la agrupación de los órganos judiciales «ayudará a prestar una mejor atención al ciudadano»

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La delegada de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Mari Ángeles Muriel, ha indicado que la distribución de los órganos judiciales por jurisdicciones que está llevando a cabo la administración andaluza en Huelva «ayudará a prestar una mejor atención tanto a los profesionales de la Administración de Justicia como a los ciudadanos».

Así lo ha indicado la delegada en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha destacado que esta agrupación de juzgados por sedes ayudará a ordenar las jurisdicciones «en tanto en cuanto no consigamos una Ciudad de la Justicia».

Con respecto a la misma, ha subrayado que de momento «no hay avances» aunque «se han tenido varios contactos con el Ayuntamiento de Huelva para ver en que situación se encontraba y si se podía agilizar, pero hasta ahora no hemos conseguido nada».

En este sentido, ha apuntado que el problema es que los terrenos no están urbanizados, «es decir no existen las calles, no existen acometidas de agua ni de luz y lógicamente la Junta no puede hacer ninguna inversión cuando nos encontramos con una finca en la que no hay ningún tipo de acometida, de manera que difícilmente podemos hacer una inversión para una Ciudad de la Justicia cuando no nos darían ni una licencia de obra».

Por ello, Muriel ha indicado que ahora mismo lo que están intentando desde la Junta «en la medida de lo posible» es «facilitar al profesional y al ciudadano que el día a día en el ámbito de la Justicia sea lo más llevadero posible y para ello se están haciendo una serie de obras para que sea mucho más fácil».

De este modo, ha señalado que se han sacado los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo del edificio de Alameda Sundheim número 17 -que se queda solo para Juzgados de Primera Instancia-, y se han trasladado los tres a un edificio nuevo en la calle Aragón.

Por otro lado, del Palacio de Justicia van a salir los Juzgados especializados en Cláusula Suelo, que también van a estar en el edificio de la Avenida Sundheim, mientras que en el Palacio de Justicia solo van a estar los Juzgados de Instrucción, de lo Penal y la Audiencia Provincial y van a añadir los de Penitenciario, «de manera que todo lo penal se va a celebrar únicamente allí».

Asimismo, en el edificio de Vázquez López -donde se encuentran actualmente los penitenciarios- se van a quedar los cuatro Juzgados de lo Social, los tres que hay actualmente y el cuarto, conocido como el juzgado COVID, «de tal manera que un ciudadano que no conoce el entramado judicial lo va a tener mucho más fácil y el profesional también para trabajar».

«A partir de ahí, la ciudadanía va a saber que cuando tenga que a ir a lo Social, va a ir a un único edificio donde van a estar sus cuatro juzgados, si tiene que ir al Contencioso también va a haber un edificio tan solo para ellos, otro solo para los de Instancia, y si tiene que acudir a cualquier sede de lo Penal será en el Palacio de Justicia, donde se va a encontrar los Instrucción, lo Penal, Audiencia Provincial y Penitenciario», ha remarcado Muriel.

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

En cuanto a la paralización de los procedimientos por la cuarentena decretada durante el estado de alarma, la delegada ha indicado que «hay muchos que se han quedado un poco bloqueados, pero no solo en Huelva, sino en todo el país».

Esto, ha apuntado, «lo vamos a sufrir durante un tiempo y para eso se va a poner en marcha precisamente un nuevo Juzgado de lo Social, que va a permitir acelerar un tipo de procedimiento que por esta situación del COVID se va a ver perjudicado. Hablamos de muchos ERTE que, debido a la ineptitud por parte del Gobierno de no querer prolongarlos hasta que las empresas comiencen a funcionar con normalidad, muchas de ellas van a tener que convertirlos en ERE», por lo que «la implantación de este nuevo juzgado va a permitir a acelerar ese flujo de procedimientos».

Para agilizar los procesos judiciales, Muriel ha subrayado que «todos tendremos que poner de nuestra parte para que en la medida de lo posible estos procedimientos se puedan acelerar. Es una cuestión de compromiso, no solo por parte de las administraciones que estamos haciendo un gran esfuerzo, sino que tiene que ser un compromiso también de los mismos profesionales».

INVERSIÓN COVID

En cuanto a las actuaciones realizadas en Justicia para combatir la COVID-19, la delegada ha insistido en que se ha hecho «una inversión grande», con 2,2 millones de euros para toda Andalucía -140.973 euros en Huelva- «porque ha habido que reforzar la limpieza de todas las salas de vistas y para cumplir con las medidas de seguridad conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que entre juicio y juicio hay que hacer una desinfección extra que antes no se hacía y por eso ha habido que reforzar esos contratos de limpieza».

Además, ha recordado que se han colocado mamparas de protección en 41 salas de vistas de las 52 con la que cuenta la provincia, conforme a las indicaciones que marcaba el TSJA, que pedía que se pusieran en el 50 por ciento de las salas, «pero hemos hecho un esfuerzo mucho más amplio y se han reforzado más, además de colocarlas en los centros de atención al público como en el Registro Civil o en las mesas de los funcionarios que atienden al público».

Asimismo, Muriel ha señalado que, además, también se ha dotado a los trabajadores «de medidas de protección individual con EPI, guantes para los profesionales y las visitas, así como la distribución de geles hidroalcohólicos por todos los juzgados».

«Se ha hecho un despliegue bastante importante y también se ha dotado de portátiles a los letrados de la administración de Justicia porque era necesario para que pudieran teletrabajar durante el estado de alarma», ha añadido la delegada.

También se han hecho test a todo el personal de Justicia, «no solo para garantizar la seguridad a los profesionales que atienden a los ciudadanos, sino también para los propios ciudadanos». En total, se han realizado 560 pruebas a los trabajadores, así como también las 7.200 temporeras marroquíes».

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