Por Los servicios jurídicos han detectado una nueva irregularidad en la gestión de la Planta de Reciclaje de Escombros de Almonte a cargo de la empresa Aprovechamientos Industriales Doñana S.L., mediante concesión del Ayuntamiento en 2003 regido por el socialista Francisco Bella. La descatalogación de los terrenos donde se ubica no tuvo lugar hasta el 9 de enero de 2008, mientras se ejercía la actividad en terrenos de dominio público de uso forestal, por lo que hasta esa fecha era ilegal tanto la propia construcción como su puesta en servicio. Sin embargo, el contratista cobró irregularmente y con el visto bueno del equipo de gobierno del PSOE 1,5 millones de euros por aprovechamientos que constituían infracciones a la Ley Forestal de Andalucía.
El proceso de descatalogación se encuentra plagado de improvisaciones y faltas de profesionalidad en la tramitación del informe –hasta cuatro rectificaciones y archivo final, para reiniciarlo nuevamente-, olvidos de documentación, y errores materiales. A este peculiar trámite, se suma un proceso de contratación que permitió dar entrada a un contratista al que posteriormente se le modificó el contrato al alza hasta en cuatro ocasiones y por petición del particular, para percibir de 240.000 euros en 15 años a 16,2 en tres décadas. Además, el Ayuntamiento le permitió no realizar la práctica totalidad de las mejoras que incluyó en su oferta.
El expediente de descatalogación se inició en noviembre de 2003, por parte del ingeniero técnico forestal, P. J. B. G., referido a dos parcelas. El día 24, la Junta de Gobierno Local –por vía de urgencia- dio curso al trámite mientras la concesionaria ya se encontraba haciendo sondeos en dichas fincas, sin que conste la autorización municipal y pese a la reclamación del departamento de Minas. Un mes después, la Concejalía de Medio Ambiente solicitó a la Delegación el vallado de la parcela durante la tramitación de expediente. Según el informe jurídico, no consta la autorización, aunque este se llevó a cabo.
El dato resulta muy relevante, ya que la concesionaria preguntó el 23 de diciembre al Consistorio si podía empezar a facturar una vez estuviese vallado el recinto, es decir, sin concluir las instalaciones. Curiosamente, el Ayuntamiento respondió afirmativamente el mismo día.
Ya el 4 de febrero de 2004, el mismo técnico dirigió un escrito a la Delegación indicando que en su informe inicial había incluido dos errores en la localización de las parcelas. Con ello, quedaba invalidada la descatalogación, ya que una de las fincas no contaba con informe. Sin embargo, la Junta de Gobierno Local de 20 de mayo hizo una segregación de finca sin que el expediente estuviese concluido, con lo que la empresa ya podía hipotecar la concesión.
Cabe aclarar que dicha segregación era de 60.400 metros cuadrados, más del doble de lo contemplado inicialmente en la licitación -29.100- y tras solicitud de 10 de septiembre de 2003 del contratista, atendida y aprobada en Junta de Gobierno el 3 de octubre. Ya en julio de 2004, el concejal de Medio Ambiente Antonio García Rebollo-posteriormente gerente de la Fundación Doñana 21-, presentó un nuevo escrito en la Delegación para que se incluyese una nueva finca, a causa de un error en el expediente. De dicha finca no consta ni su cabida ni el informe forestal. El BOJA de 29 de octubre publicó la solicitud de descatalogación.
Mientras, el 16 de septiembre se declaró viable el proyecto de la Estación de Reciclaje de Escombros, especificando que ‘había que delimitar las parcelas propuestas y un nuevo informe si se excedía de dicho emplazamiento’. El 9 de diciembre, la Delegación Provincial solicitó al Ayuntamiento aclaraciones sobre el expediente de descatalogación, ‘por las discrepancias entre las parcelas propuestas y las cabidas’. El 17 de febrero de 2005, por Junta de Gobierno Local, se rectificó el acuerdo de 2003 y se solicitó la descatalogación de las nuevas fincas. Toda esta documentación se remitió a la Delegación el 8 de marzo de 2005.
Sin embargo, el 16 de septiembre la institución provincial volvió a poner obstáculos a la descatalogación, solicitando ‘la delimitación correcta y la calificación urbanística de las parcelas’. Insistió en este requerimiento en noviembre de 2005 y marzo de 2006. El 26 de octubre -puesto que el Ayuntamiento comunicó que no se iba a hacer la planta incineradora de animales-, la Delegación decidió que el expediente debía hacerse desde el principio. En el escrito, parece desconocer que la planta ya estaba en funcionamiento, ya que se refiere a las actividades ‘que se harán’.
El 15 de diciembre, la Junta de Gobierno Local rectificó por cuarta vez y acordó ‘reiniciar el expediente’. Es curioso que su objeto sea ‘para la construcción de una Planta de Reciclaje’, cuando ya se había construido y recepcionado el 17 de enero de 2005. La Junta de Andalucía siguió presentando objeciones en la tramitación el 27 de septiembre de 2006. Pese a ello, el 30 de marzo del año siguiente aún no se había mandado la documentación urbanística ni la cartografía. Sin embargo, dos días antes, se había aprobado el nuevo PGOU de Almonte.
Por fin, se aprobó la descatalogación el 9 de enero de 2008, con error en la fecha y para solo 6,2 hectáreas. En otro despropósito más, la Junta también tuvo que rectificar para mandar el plano correcto del expediente el 25 de abril de aquel año.
La Ley Forestal de Andalucía y su reglamento, de aplicación en los montes públicos, es clara cuando afirma que ‘no es posible la instalación de un vertedero de basuras, escombros, restos de obra ni plástico agrícola’. Para instalar un vertedero de escombros, resultaba necesario descatalogar previamente la parcela, con el fin de autorizarlo y hacer la concesión administrativa sobre los terrenos para destinarlos a tal fin. La información recabada ahora parte del expediente de descatalogación presente en el Ayuntamiento.
Nulidad rechazada
El pleno de febrero rechazó -con los votos de PSOE y el tránsfuga Alberto Mondaca- el inicio del expediente de revisión de oficio de nulidad de tres acuerdos aprobados en Comisión de Gobierno entre 2003 y 2007, relacionados con la empresa Aproindo y el contrato de eliminación de escombros y restos de obras. En la sesión, el alcalde José Antonio Domínguez Iglesias (PP) comentó que un segundo informe jurídico ‘avala la nulidad’. Partido Popular e IU votaron a favor. Hay que destacar que, del debate y posterior votación, se ausentaron el concejal socialista Manuel Cepeda y la edil de Izquierda Unida, María Isabel Bejerano.
