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El Juzgado que investiga el caso de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha ordenado realizar la averiguación patrimonial integral del ex director general de trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, a fin de llevar a cabo el embargo necesario para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 173.941.928,06 euros que le fue impuesta por la juez Mercedes Alaya.
En una diligencia de ordenación dictada el 8 de marzo, la secretaria de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Rosa María Vélez, acuerda que, ‘transcurrido el plazo’ temporal que le fue concedido al imputado para que designara bienes de su propiedad sobre los que trabar embargo, se consulte ‘informáticamente, a través del Punto Neutro Judicial, la averiguación patrimonial integral’ del exalto cargo.
Márquez, natural de Lucena del Puerto, sustituyó en el cargo de Director General de Trabajo y Seguridad Social a Francisco Javier Guerrero, principal acusado en esta trama, entre los años 2008 y 2010.
La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, imputó a Márquez por cuatro delitos continuados de malversación, prevaricación (tanto omisiva como activa), falsedad en documento oficial y omisión de perseguir delitos, ya que entre otras cuestiones le atribuye haber concedido 114 ayudas sociolaborales y otras 17 directas a empresas por importe de más de 154 millones de euros a pesar de los informes que cuestionaban la legalidad del procedimiento.
Por todo ello, la juez Alaya impuso a Márquez una fianza de responsabilidad civil que asciende a 173.941.928 euros que ahora se intentará cubrir con el embargo de sus bienes.
