Por 
El parlamentario popular Francisco Palacios ha reprochado que el PSOE-A y Adelante apoyen la Ley Celaá, una norma que “atenta contra la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos”, tras el rechazo de socialistas y comunistas a una PNL presentada por el Grupo Popular en el Parlamento andaluz para instar al Gobierno de España a retirar dicha normativa “peligrosa y discriminatoria”.
Palacios ha explicado que la Ley Celaá «reduce aún más la calidad del sistema educativo», exponiendo cómo con esta norma del Ejecutivo socialcomunista se pretende «bajar el nivel y permitir que alumnos con suspensos se titulen», lo que supone «un claro desprecio» tanto al esfuerzo del alumnado como al trabajo de los docentes.
Asimismo, dicha ley también pretende «reducir el control, rebajar el papel de la Alta Inspección Educativa y eliminar las pruebas de acceso al cuerpo de inspectores».
Para Palacios, se trata de una norma «discriminatoria» porque «cede a los nacionalistas» y elimina el castellano como lengua vehicular, «lo que atenta contra la Constitución».
Igualmente, va en contra de la demanda social porque «reduce la capacidad de las familias para elegir en libertad el tipo de educación que quieren para sus hijos», pese a que este derecho está contemplado en la Carta Magna, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Palacios ha explicado que «si no existen distintas opciones, no se puede elegir; y si el Estado no financia dicha opciones, las familias con menos recursos no pueden elegir en igualdad de condiciones».
Precisamente «los conciertos educativos son el instrumento que garantiza que todas las familias, independientemente de su nivel socioeconómico, puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos», así que «atacar a la enseñanza concertada es atacar a las más de 330.000 familias que en Andalucía optan libremente por este modelo» y a los 20.000 trabajadores que desempeñan su labor en casi 2.000 centros.
El parlamentario popular también ha advertido que, con esta ley, Sánchez e Iglesias «pretenden acabar con la educación especial», que desde el PP han defendido para que «se garantice el derecho que asiste a las familias con hijos con necesidades especiales a decidir su escolarización en un centro de un tipo u otro».
Por último, Palacios ha reprochado que esta norma se haya hecho «a espalda de la comunidad educativa, a toda prisa y sin escuchar las comparecencias de los agentes sociales», todo lo contrario del ejemplo que ha dado Andalucía con el Pacto Social por la Educación que, acogido en el Parlamento, «ha escuchado a más de 80 comparecientes» como expertos en educación, profesores, directores, inspectores, familias y alumnos.
Al respecto, el parlamentario popular ha recordado la actitud de PSOE y Adelante al respecto de este Pacto Social por la Educación, que «a día de hoy no hay en Andalucía simplemente porque la izquierda prefiere imponer su modelo antes que consensuar una modelo que nos valga a todos y que nos permita conseguir que la educación no cambie cada vez que cambia un gobierno».
