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El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden ministerial por la que se modifican algunos programas del Plan Nacional de Vivienda y que, por ejemplo, permite a las administraciones autonómicas obligar al alquiler de viviendas privadas para hacer frente a necesidades específicas de «víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables».
Lo más llamativo de la polémica modificación reside en el apartado 3, que recoge la obligación de que las comunidades autónomas pongan a disposición de estas personas «una vivienda de titularidad pública».
Si ello no es posible, el ministerio que dirige José Luis Ábalos advierte que «la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes».
Tras esta iniciativa podría estar la mano del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y de los líderes de Unidas Podemos, partidarios de la incautación de la propiedad privada, vivienda y empresa incluidas, para solucionar los problemas de escasez de vivienda social y de medios para combatir la pandemia, según apuntan diversas fuentes.
