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La presa de Alcolea, una infraestructura clave para el futuro hídrico de Huelva, sigue paralizada. Pese a contar con las herramientas necesarias para reanudar las obras, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado pasar seis años sin avanzaren un proyecto declarado de interés general del Estado. Mientras tanto, las restricciones hídricas, la amenaza de inundaciones y el impacto sobre Doñana continúan siendo un problema sin solución a la vista.
El debate político sobre la presa volvió ayer al Congreso, donde el PP acusó al Ejecutivo de mantener la obra en un estado de abandono injustificable. “Esta infraestructura tiene proyectos, convenios, financiación y certificación ambiental; lo único que falta es la voluntad de este Gobierno para continuarla”, denunció Bella Verano, diputada popular por Huelva.
Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, rechazó que el actual Ejecutivo sea responsable de la paralización. Según afirmó, las obras ya estaban detenidas en 2017 debido a la rescisión del contrato con la adjudicataria. En 2018, el Gobierno socialista puso en marcha un procedimiento para retomar la construcción, pero se encontró con informes que alertaban de la contaminación ácida en el río Odiel, lo que podría hacer que el agua embalsada no cumpla con los estándares de calidad.
Más allá de estas explicaciones, lo cierto es que desde 2018 no ha habido avances significativos. El Ejecutivo asegura que trabaja en“dos vías”: determinar si el agua es apta para regadío y, de no serlo, explorar otros usos para la presa. Pero estas alternativas llevan años sobre la mesa sin resultados tangibles.
Mientras tanto, las necesidades en Huelva se agravan. La diputada Verano destacó que, de haberse concluido, la presa podría haber almacenado 385 hectómetros cúbicos de agua gracias a las lluvias de los últimos dos años,evitando restricciones en el sector agrícola. Desde la Junta de Andalucía se han ofrecido a asumir el coste total de las obras si el Ministerio lo permite, pero el Gobierno central ha ignorado esta propuesta. Morán reiteró ayer que el Ejecutivo no descarta retomar las obras en el futuro, pero la falta de plazos concretos refuerza la percepción de abandono.
El caso de la presa de Alcolea trasciende lo técnico para convertirse en un ejemplo de gestión política. La obra, con un 23% de ejecución completada, depende únicamente de la voluntad del Gobierno para continuar. Sin embargo, los informes sobre la calidad del agua han servido como argumento para posponer una decisión que podría haberse abordado desde 2018. En seis años, el Ejecutivo ha preferido mantener la incertidumbre, dejando a Huelva en una situación límite.
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