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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de La Palma del Condado ha decidido abrir diligencias tras la denuncia presentada por cuatro miembros de la Policía Local de Almonte (pertenecientes al Sindicato Profesional de Policías Municipales de España – Sppme) contra un subinspector de dicho cuerpo policial, según han confirmado a Huelva Hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Según consta en dicha denuncia, a la que ha tenido acceso esta Huelva Hoy, al denunciado se le acusa de los presuntos delitos de acoso laboral, vejaciones injustas, contra la intimidad, revelación de secretos y prevaricación.
Con relación al subinspector, en la denuncia se indica que ha tenido «una animadversión clara y directa contra los cuatro denunciantes, ejerciendo de forma clara y directa una persecución incesante, un acoso en el puesto de trabajo y amenazas variadas, de la misma forma que ha desplegado una actividad que excede el ámbito de sus competencias dentro de la policía y de la jerarquía funcional».
De igual modo, se añade que el denunciado «se reincorporó al puesto de trabajo de una forma artificiosa e irregular, puesto que sin ni tan siquiera salir a concurso o tener noticias de dotación presupuestaria procedió a ocuparla, ante lo cual el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, dentro de sus funciones instó aclaraciones y que se explicara el motivo de esa reincorporación».
«Esta situación -se apunta en la denuncia- fue el detonante de la actitud que a la postre el subinspector denunciado ha desplegado contra todos los agentes afiliados a esa organización, frente a los que es el superior jerárquico y se aprovecha de esa posición para perseguirlos, acosarlos en cuanto a turnos, amenazas de expulsión del cuerpo de la policía y hasta denegarles licencias a familiares de los agentes afiliados al Sindicato para perjudicarlos en sus trabajos y sin importarle la afectación, incluso de vecinos o terceras personas, que nada tienen que ver con la organización de la policía, puesto que su finalidad es provocarle un serio perjuicio al agente y a las personas de su entorno».
En la denuncia se suplica al juzgado su admisión «sin perjuicio que después de la práctica de la diligencias propuestas aparezcan otros hechos y/o calificaciones y contra D. José María García González Tercer Teniente Alcalde Concejal Delegado de Administración, Hacienda y Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Almonte en principio por un delito de prevaricación y otro posible tráfico de influencia, le dé el curso legalmente previsto e incoe las correspondientes Diligencias Previas hasta el total esclarecimiento de los hechos y depuración de responsabilidades».
