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El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva Mario Jiménez ha asegurado este miércoles que su grupo va a llevar al Parlamento andaluz una iniciativa para que la Junta de Andalucía impulse un plan para la erradicación de los asentamientos de trabajadores agrícolas inmigrantes, los cuales se dan, principalmente, en las provincias de Almería y Huelva.
En rueda de prensa, Jiménez ha sostenido que la problemática de los asentamientos debe abordarse de manera integral, así como, para el PSOE, el plan de erradicación de los asentamientos debe ser impulsado por la Junta y coordinado con el Gobierno central, ayuntamientos y entidades sociales.
Convencido de que la situación requiere de «una respuesta coordinada» y una actitud «sensible», ha señalado que hay que garantizar unas condiciones dignas de vivienda y suministros básicos para los trabajadores inmigrantes, que aportan su labor a la campaña agrícola.
Jiménez, tras recordar que la Junta tiene las competencias en materia de planificación agrícola y urbanística, entre otras, ha explicado que llevarán la correspondiente iniciativa a la comisión de Presidencia, la cual se celebra a finales de este mes. La iniciativa busca instar al Consejo de Gobierno a que se impulse el mencionado plan, como ha agregado.
El parlamentario socialista ha remarcado que el Gobierno central tiene competencias en materia de Extranjería, así como ha ensalzado «el esfuerzo» de todos los ayuntamientos «de todos los grupos políticos» para abordar la cuestión de los asentamientos. En esta misma línea, ha destacado, igualmente, «los avances en materia de vivienda» de los empresarios agrícolas y ha resaltado el esfuerzo de las entidades sociales.
No obstante, ha señalado que lo realizado es «insuficiente» porque se trata de una cuestión de «derechos sociales y humanos» y, como ha sostenido, «merece la pena hacerlo porque se dignifica» a la sociedad.
Del mismo modo, Jiménez ha hecho hincapié en que se requiere una mesa de trabajo permanente, donde estén presente las administraciones estatal, autonómica, local y las entidades locales, para erradicar los asentamientos y garantizar que no vuelvan a producirse. Todo ello, como ha concluido, para garantizar los derechos de estas personas.
