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Riaumbría, empresa promotora del proyecto urbanístico William Martin, se ha visto obligada a aclarar que los 6,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Punta Umbría considera que tiene que devolver a esta sociedad tras la anulación del procedimiento de venta de los terrenos “son exclusivamente en concepto de devolución de las cantidades que la empresa había abonado y adelantado al Consistorio por la compra del suelo y por trabajos ya realizados en la zona”.
En un comunicado, Riaumbría ha negado de forma categórica que este importe reflejado en un informe encargado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento a sus propios servicios jurídicos sea por una supuesta indemnización a la empresa por no haber podido desarrollar el proyecto, tal y como se ha encargado de detallar a diferentes medios de comunicación el portavoz del grupo municipal UPU, José Carlos Hernández Cansino, al filtrar este documento.
De este modo, para la empresa “las falsedades que está creando Hernández Cansino para presentar como indemnización lo que es una devolución de cantidades abonadas y adelantadas por la empresa tras anularse un procedimiento de venta son absolutamente miserables, ya que le está diciendo a los vecinos y vecinas de Punta Umbría que el dinero saldrá de todos los bolsillos de personas que en estos momentos no tienen ni para pagar los impuestos municipales por la grave crisis y el paro que existe en el municipio por culpa de la situación del coronavirus”.
“El portavoz de UPU está utilizando esta falsedad sobre la devolución de cantidades como argumento para que la sociedad de Punta Umbría actúe contra nuestra empresa”.
Así las cosas, la empresa está estudiando las medidas legales que puede tomar por el daño y los perjuicios que sus declaraciones y publicaciones en redes sociales pueden generar.
Riaumbría está convencida que con este argumento José Carlos Hernández Cansino está tratando de contener el descontento social que se va a ir generando en los próximos meses por la falta de oportunidades para encontrar empleo en Punta Umbría debido a los efectos del coronavirus en el sector turístico, la hostelería, los chiringuitos, el comercio y todas las actividades auxiliares ligadas a estos negocios. Riaumbría considera que “los 500 puestos de trabajo que se están perdiendo por la anulación del procedimiento de venta de los terrenos tras las denuncias interpuestas por Hernández Cansino contra una operación que él mismo permitió en otros suelos suponen un duro varapalo para las cientos de familias que en estos momentos están sin trabajo y a las que tendrá que explicar sus actos”.
