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La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, presentó hoy la jornada “Orientaciones para uso de lenguaje no sexista en las Administraciones Públicas”, organizada por la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en colaboración con la Universidad de Huelva, que acogió el acto en el Aula de Grados de las Facultades de Ciencias del Trabajo y de Trabajo Social.
En su intervención en la apertura de la jornada, María José Rico incidió en la importancia de promover de manera transversal a todas las políticas públicas un lenguaje incluyente, no sexista y que visibilice a las mujeres. Así lo recomienda la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y se incorporó al Derecho español mediante la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
“El lenguaje no sexista e incluyente es un medio para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres, y prevenir la violencia y discriminación contra cualquier persona”, señaló la subdelegada del Gobierno, que explicó: “Este cambio a un lenguaje no sexista e incluyente nada tiene que ver con las reglas gramaticales. No se trata de demostrar que el masculino genérico incluye a las mujeres, ni tampoco que el género gramatical coincida con el sexo. Es un tema mucho más profundo, que tiene que ver con el uso del lenguaje en la sociedad y la salvaguarda de los derechos fundamentales”.
La necesidad de un lenguaje incluyente ha motivado, de hecho, la tercera modificación de la Constitución Española de 1978, por la que el artículo 49, desde el pasado 15 de febrero, ha dejado de referirse a las personas con discapacidad como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. Y ello ha sido fruto, a su vez, de un gran cambio en el uso del leguaje en las sociedades modernas actuales.
De ahí que María Martín Barranco, presidenta de la escuela feminista EVEfem, que impartió esta jornada, se refiriera en primer lugar al marco legislativo que se viene impulsando desde Naciones Unidas desde su creación en 1948. A su vez ofreció toda una serie de orientaciones para el uso de lenguaje no sexista en las Administraciones Pública, pues esta divulgadora considera que no discriminar a nadie es el primer paso para conseguir el objetivo de un lenguaje incluyente.
Tres preguntas
Entre otras recomendaciones, Martín Barranco apuntó que para averiguar si un contenido utiliza lenguaje discriminador, éste debe someterse a sistemáticamente a tres preguntas:
1. ¿Hay invisibilización?
2. ¿Hay subordinación de una persona o grupo sobre otro?
3. ¿Se produce androcentrismo o preeminencia de los marcos conceptuales culturalmente hegemónicos (capacitismo, heterosexualidad normativa, religión mayoritaria, clase, origen étnico o racial, etc.)?
María Martín Barranco concluye que “si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, hay discriminación”, a la vez que subraya “el mandato legal de revertirla, también, por mecanismos lingüísticos”.
La cualificación de Martín Barranco está acreditada por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE según sus siglas en inglés) y por una extensa trayectoria, asesorando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil y Policía Nacional) y a más de 40 ayuntamientos de toda España en la implementación de planes de Igualdad y el desarrollo y facilitación de la formación necesaria para su puesta en práctica.
Isabel Román, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno cerró esta jornada, insistiendo que el primer objetivo de la jornada es conseguir que los asistentes pudieran reconocer la discriminación lingüística en su actuación cotidiana, para lo que aquí se les ha ofrecido una guía de medidas correctoras encaminadas a conseguir el horizonte de un lenguaje incluyente que permita, a su vez, mejorar las relaciones con la ciudadanía.
Esta acción formativa se realiza en el marco del III Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, adoptado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020 y aprobado por Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública.
