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La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta en Huelva ha puesto en marcha esta semana una Comisión Interdisciplinar de Violencia de género, que tiene como finalidad canalizar y coordinar las intervenciones del sistema sanitario en este ámbito para reforzar así la asistencia que desde los centros de la sanidad pública en la provincia se ofrece a las mujeres que sufran este tipo de violencia. Todo ello bajo la premisa de que en numerosas ocasiones el profesional sanitario es la primera persona que atiende a la mujer tras ser víctima de maltrato.
Esta nueva comisión es un órgano de representación promovido por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería del ramo, que está presidido por la delegada territorial, Manuela Caro, y entre cuyos integrantes figuran profesionales del Servicio de Salud Pública de la Delegación y de todos los centros onubenses del SAS (Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, Área Sanitaria Norte y Hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena).
Entre sus principales funciones se encuentran garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en este campo, difundir los recursos existentes en la provincia a los profesionales para su conocimiento, velar por la mejora de la calidad de los contenidos de los partes de lesiones emitidos, detectar los puntos débiles del abordaje integral de la violencia de género en su ámbito para establecer elementos de mejora, así como diseñar, presentar e impulsar cuantas propuestas de desarrollo y mejora se propongan.
Esta comisión de carácter provincial viene a sumarse a los órganos de la misma naturaleza que se han creado en los distritos y hospitales del SAS en Huelva para abordar de forma más específica los problemas relacionados con la detección y la actuación ante los casos de violencia de género en los diferentes centros, y que suponen un excelente instrumento para la participación directa de los profesionales en la gestión y mejora de la calidad en la asistencia sanitaria.
La constitución de estos órganos forma parte de las acciones que está impulsando la Consejería de Salud y Familias en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado por Andalucía, que se estructuran en tres grandes ejes: sensibilizar, detectar y actuar. Se trata de un amplio repertorio de medidas que persiguen ofrecer a las mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijos y otras personas dependientes, planes de atención personalizados, promoviendo la sensibilización de los profesionales de la salud, la detección e intervención en los casos identificados y la coordinación con otros sectores implicados.
Dentro de estas medidas cabe resaltar la incorporación en la provincia de dos equipos de atención a la mujer y familia dependientes del SAS, recursos con los que no se contaba anteriormente y que permiten disponer de nuevos servicios de asistencia especializada a las víctimas en materia sociosanitaria. Uno de estos equipos tiene como radio de acción la capital y el segundo la zona del Distrito Condado-Campiña.
Estos dispositivos integran tanto la asistencia de los centros de salud como hospitales. Su actividad está dirigida a prestar una cobertura integral y personalizada a las mujeres afectadas y a las personas que dependan de ellas (niños y niñas, personas mayores…) a través de profesionales de referencia -enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y médicos de primaria y urgencias- que se centran en la detección precoz, atención integral e intervención inmediata. Dichos profesionales realizan una valoración exhaustiva de las necesidades que presentan estas mujeres y un acompañamiento continuado desde la detección hasta el comienzo de su nuevo proyecto de vida.
Otra iniciativa reseñable de la Consejería de Salud y Familias es el programa de acreditación de centros comprometidos contra la violencia de género, un innovador proyecto que pretende enfocar las actuaciones de las áreas sanitarias, los distritos sanitarios y hospitales, y crear espacios para aprender y compartir buenas prácticas. Esta acreditación, a cargo de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), conlleva un reconocimiento público a la labor de profesionales de primera línea y de los equipos directivos, una distinción que posibilita a las mujeres identificar a los centros sanitarios como entornos seguros y capacitados en el abordaje de la violencia de género, con profesionales entrenados, medidas de detección, intervención y coordinación para cada caso y un seguimiento activo y continuado.
