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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) obtuvo el año pasado un total de siete sentencias condenatorias por agresiones a profesionales en los centros sanitarios públicos de la provincia de Huelva, en el marco del ‘Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales’ que tiene en marcha la Junta, primero a nivel nacional en este ámbito.
De estas sentencias condenatorias, logradas gracias a las asistencias letradas prestadas por la Asesoría Jurídica del SAS a profesionales víctimas de agresiones en el desempeño de su trabajo, una ha sido por delito de atentado y el resto por amenazas, lesiones e injurias, entre otras.
Con motivo de la celebración del Día Nacional contra las Agresiones en el ámbito sanitario, la Consejería de Salud se suma al llamamiento que hacen profesionales, organizaciones sindicales y colegios profesionales en toda España para luchar contra estos actos injustificados e inaceptables.
El delegado territorial del ramo, Rafael López, ha asegurado que debe existir “tolerancia cero” frente a las agresiones y ha apelado a seguir trabajando conjuntamente entre todos y todas en esta lucha. “Estamos hablando de un tema muy sensible y creemos necesario contar con la complicidad de los pacientes y de la sociedad en su conjunto, por lo que debemos seguir concienciando sobre este problema”, ha enfatizado, a la vez que ha condenado cualquier acto violento contra los profesionales de la sanidad andaluza.
El ‘Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz’ engloba asistencia jurídica, apoyo psicológico, formación y diferentes medidas y protocolos que tienen como objetivo prevenir y minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo.
Este plan establece un protocolo de actuación en el que se recomienda a los profesionales qué hacer ante una agresión física o verbal. La primera medida que se aconseja a los profesionales es solicitar ayuda a una tercera persona (personal de seguridad o un compañero) para manejar la situación y, al mismo tiempo, para que pueda ser testigo de los hechos. Si la situación persiste, se recomienda avisar a los Cuerpos de Seguridad para que se personen en el centro y notificar el hecho al responsable del centro sanitario.
Asimismo, los centros sanitarios de Huelva cuentan con cerca de 1.800 elementos de seguridad (vigilantes, timbres antipánico, interfonos, teléfonos, cámaras de seguridad, detectores de metales y salidas alternativas, entre otros) para favorecer un ambiente de confianza a profesionales y usuarios.
Formación
Para evitar situaciones conflictivas y abordarlas adecuadamente, el SAS también ofrece a sus profesionales actividades de formación sobre esta materia. El objetivo es dotar al mayor número posibles de éstos de las habilidades sociales necesarias para evitar situaciones de conflicto en su relación con los usuarios, por lo que los profesionales aprenden a identificar posibles situaciones de conflicto y actuar en consecuencia.
Así, aprenden a diferenciar los tres tipos de comportamientos básicos en la comunicación interpersonal -estilo pasivo, estilo agresivo y estilo asertivo-, dotándoles, además, de las herramientas necesarias para conocer y mantener un comportamiento que favorezca el establecimiento de una relación de confianza mutua con el usuario, capaz de superar la situación de angustia que pueda estar viviendo el paciente.
Asimismo, los profesionales aprenden a identificar los indicadores de riesgo más frecuentes de la conducta agresiva, el perfil de los potenciales agresores y a saber actuar cuando una situación se desborda. Igualmente, los cursos facilitan a los profesionales habilidades como autocontrol, saber escuchar activamente y empatizar con los usuarios para evitar situaciones de riesgo.
Esta iniciativa incluye además ejercicios prácticos, a través de los que los profesionales pueden identificar su propio estilo de comunicación y elaborar, incluso, un plan por escrito o guión para actuar de manera asertiva.
Descenso en las agresiones
En 2017 se registraron en la provincia de Huelva un un total de 95 agresiones a profesionales de la sanidad pública, 12 de ellas físicas y 83 verbales. Se trata de unas cifras que se han reducido en comparación con el año anterior, en el que se notificaron 133 (14 físicas y 119 verbales). La mayoría de agresiones se concentran en el personal sanitario (médicos, profesionales de enfermería y auxiliares de enfermería), con un 78% del total.
En el conjunto de Andalucía, la tasa de agresiones por número de profesionales se ha situado en 2017 en 11,43 casos por 1.000 profesionales, una cifra que se mantiene estable en los últimos tres años.
A nivel nacional no existe un registro que permita conocer año a año cómo evoluciona este problema en todo el Sistema Nacional de Salud y la última tasa disponible del conjunto de comunidades es del año 2011, cuando la media estatal era de 12,83 agresiones por 1.000 habitantes, por lo que Andalucía se encuentra en la actualidad por debajo de esa cifra seis años después.
Como el propio plan andaluz establece, las relaciones que se producen entre ciudadanos y profesionales en el ámbito de la prestación de los servicios sanitarios no son ajenas a posibles cargas de agresividad, un fenómeno que no es específico de los servicios sanitarios y que debe abordarse como un problema multifactorial, siendo complicado dar una única respuesta a su prevención y control.
Los principios básicos de este plan son la integralidad, coordinación, orientación de servicio a los profesionales, adecuación de infraestructuras y de procedimientos de trabajo, mejora continua y respeto hacia los derechos de los ciudadanos.
De ahí que el plan recoja tres tipos de medidas para reducir la incidencia y atenuar la intensidad y consecuencias de la agresión: medidas preventivas, dirigidas a dotar a los profesionales de habilidades de comunicación para mejorar la interacción con los pacientes y familiares; acciones contra los agresores (como localización de usuarios agresivos que justifique la decisión de facilitar al personal sanitario un acompañante y denuncia al juzgado) y actuaciones en caso de incidentes dirigidas a establecer de manera explícita cómo actuar en caso de agresión.
