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El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha celebrado que el Gobierno andaluz apoye una ley “que protege los parques nacionales” y renuncie al anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que ha reiterado su apuesta por “la cooperación entre administraciones, que es lo que reclaman los ciudadanos”, como “vía de solución” a los problemas.
El delegado ha precisado que esta ley, que entró en vigor en 2014 tras 2 años de tramitación y una amplia participación pública, tiene entre sus objetivos impulsar la colaboración entre las diferentes administraciones competentes, con la creación de un Comité de Colaboración y Coordinación.
A juicio del delegado, la norma “refuerza la protección de espacios que albergan lo mejor de nuestro patrimonio natural, a través de un modelo de mayor coordinación y apoyo por el Estado, reclamado por numerosos expertos y profesionales así como por las entidades conservacionistas”.
Según ha explicado, entre los más de 2.000 espacios protegidos de nuestro país (30% de su superficie), únicamente el 0,76% de nuestro territorio, 15 parques nacionales, tienen este reconocimiento que otorgan las Cortes mediante sus leyes declarativas. Es por ello que “no son un espacio protegido más, sino que tienen una singularidad que conlleva este especial tratamiento, con una ley propia”.
La nueva ley, según ha destacado el delegado, “es mucho más completa que la anterior y refuerza la conservación de estos espacios en situaciones de emergencia por catástrofe ambiental y con la intervención en casos de estado de conservación desfavorable, la prohibición de actividades incompatibles y la imposibilidad general de urbanización ni edificación. Todo ello, ha dicho, “con el objetivo de garantizar su máxima protección”.
Sanz ha señalado, por otra parte, que el Tribunal Supremo dictó el pasado mes de julio una sentencia que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulando el Decreto de la Junta de 2011 que regula el régimen general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales, “sin que los responsables de medio ambiente del Gobierno andaluz hayan dado aún ningún tipo de explicaciones sobre la aplicación de este decreto anulado ni asumido responsabilidad alguna”.
