Por 
Gobierno y Junta siguen sin ponerse de acuerdo sobre el proyecto del futuro aeropuerto Cristóbal Colón de Huelva.
Desde el Gobierno autonómico se ha pedido al central que reconsidere su decisión de retirar la declaración de interés general del Estado, trece años después del cambio de la Ley de Seguridad Aérea.
Sin embargo, la Administración estatal dice ahora que el proyecto no cumpliría los criterios para dicha declaración y anuncia que no dará marcha atrás a su decisión.
Para el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Benito Núñez, lo que procede ahora es «dar un paso al lado» y que sea la Junta la que declare el proyecto como de interés regional.
Núñez ha explicado que el Ministerio «trata de aportar soluciones» con el fin de «sacar adelante el futuro aeropuerto Cristóbal Colón», que está sujeto a una declaración de interés general «que se hizo bajo una normativa distinta a la que posteriormente se modificó» y el Gobierno cree que «esa misma declaración es la que viene imposibilitando su propio desarrollo desde hace más de 15 años».
Sin embargo, el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Mario Muñoz, que destaca que la Administración autonómica apoyará cualquier iniciativa que traiga un desarrollo socioeconómico, explica que no se puede hacer nada hasta que no reciba la información correspondiente.
Según ha subrayado, hasta ahora la Junta no ha recibido «ni un solo papel» por parte del Ejecutivo estatal en relación a este proyecto.
El viceconsejero ha remarcado que el hecho de que «un proyecto tenga una solvencia y un soporte por parte del Estado le da mucho más potencialidad, le da más capacidad comercial» por lo que no ven que retirar esta declaración «sea algo positivo» ya que «en lugar de eso lo que conseguimos es un retroceso».
«Esto lleva ya más de 20 años de tramitación. Iniciar la tramitación a través de la Junta de Andalucía supondrá que todos esos 20 años se han perdido de tramitación ya que, evidentemente, la Junta tiene también su tramitación interna», ha manifestado antes de solicitar al Gobierno «que reconsidere la propuesta de anular la declaración de interés general de un aeropuerto ya establecida hace muchísimos años y, más aún, con un argumento de utilizar una modificación del real decreto que determina las calificaciones de los aeropuertos, que es una modificación de este real decreto que se hizo hace 13 años».
En cualquier caso, el único compromiso de relevancia por parte del Gobierno a fecha de hoy es a no retirar la declaración de interés general hasta que la Junta no tramite la de interés regional.
Ambas Administraciones se han reunido este jueves con los promotores del aeropuerto y se han dado un plazo de dos meses para intentar seguir avanzando con el fin de que el proyecto, que precisará una inversión de 100 millones de euros de capital privado, sea una realidad.
Tras dicho encuentro, han comparecido los representantes del Gobierno y la Junta junto con el presidente del Consejo Asesor de la Sociedad del Aeropuerto Cristóbal Colón, Daniel Toscano, y se ha anunciado que a petición de los promotores ambas administraciones firmarán un convenio de colaboración para ayudar a desbloquear el avance de esta infraestructura, que no estará lista a corto plazo, según han indicado desde la propia sociedad.
Al respecto, Toscano ha subrayado que se trata una mesa de trabajo para seguir trabajando en el proyecto y «darle viabiliad», de forma que «sea una realidad lo antes posible», toda vez que ha indicado que «no será a corto plazo» por «todos los hitos que tiene que cumplir».
El presidente del consejo asesor de la sociedad ha recordado que hace aproximadamente un mes y medio «se le dio vida de nuevo al proyecto con la entrada de nuevos socios que impulsaban el aeropuerto», pero que se encontraron con la noticia de que «iba a dejar de ser o podía existir la posibilidad que dejará de ser estratégico para el Gobierno de España». Por ello, ha apuntado que esa es la razón que ha impulsado esta mesa de trabajo para «poder analizar y afrontar cuáles serían los siguientes pasos del proyecto sin esta determinación del Gobierno de España».
Finalmente, ha manifestado que desde la promotora entienden que el proyecto «debe ser estratégico» para el Gobierno de España y para el Gobierno autonómico.
