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La acusación particular de la familia del fallecido en el atropello múltiple en una terraza de Gibraleón el 9 de octubre de 2022, y de otros seis afectados, ha solicitado 25 años de prisión para este hombre, que continúa en prisión preventiva, por un delito de asesinato, así como 15 años por tentativas de asesinato por cada una de las ocho «cometidas» y cinco años por conducción temeraria, lo que sumaría un total de 150 años, aunque la máxima pena imputable es de 35 años.
El abogado de la familia, José Luis Orta, ha señalado que el Ministerio Fiscal apoya la acusación, así como que la defensa «reconoce» la autoría de los hechos pero «argumenta que su representado es inimputable» y, por tanto, considera que «debe ser absuelto de los cargos que se le imputan solicitando medidas de internamiento psiquiátrico».
De este modo, finalizada la instrucción del procedimiento, después de más de dos años, ahora los autos pasarán a la Audiencia Provincial de Huelva que conformará el Tribunal del Jurado y pondrá fecha de juicio.
En la actualidad, el acusado se encuentra interno en prisión después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva acordara el pasado 1 de octubre prorrogar la prisión provisional a petición del Ministerio Fiscal y las acusaciones -a lo que no se opuso la defensa-.
De otro lado, el informe forense lo diagnostica de «trastorno antisocial» y llega a la conclusión de que «tenía sus facultades plenas y conscientes sobre el daño que había realizado», así como apunta el escrito de acusación que «el escaso y a veces casi nulo tratamiento farmacológico y psiquiátrico durante estos dos años de cárcel confirma el correcto proceder de los forenses que lo han examinado».
El informe forense apunta que «en el momento de la exploración sus capacidades cognitivas y volitivas se encuentran indemnes, siendo capaz de comprender el alcance y las consecuencias de hechos como los que se le imputan», toda vez que señala que «no se considera que su trastorno sea de tal intensidad como para afectar a sus capacidades cognitivas en relación con los hechos imputados, no pudiendo descartarse una afectación parcial de sus capacidades volitivas en relación a la impulsividad que caracteriza su trastorno y al consumo de tóxicos».
Por tanto, si resulta condenado, la pena podrá ser, aproximadamente, de entre 30 y 35 años. El abogado de la acusación particular ha lamentado también que, en la actualidad, el acusado «está interno en prisión y cobrando del Estado una pensión de 1.220 euro mensuales con dos pagas extraordinarias por resolución firme de fecha 6 de septiembre de 2024».
