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Un juez ha elevado a más de 40 millones de euros (7.000 millones de pesetas) el presunto fraude cometido por UGT en Andalucía para financiarse supuestamente de forma irregular con subvenciones que le concedía la Junta de Andalucía para la formación de parados.
Por ello, la antigua dirección regional ugetista podría sentarse próximamente en el banquillo de los acusados tras seis años de intensa investigación judicial.
Una vez concluida la fase de instrucción, el titular del Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha dictado un auto en el que se acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta contra el exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.
Se trata de la fase previa a la celebración del juicio y la calificación de los hechos de las partes, a las que el juez da un plazo de 20 días para soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, de forma excepcional -añade dicho diario-, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
