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La Plataforma para la Reubicación del Centro de Menores de Huelva (Prcmh), proyectado por la Junta de Andalucía en Aljaraque, ha iniciado diferentes investigaciones legales encaminadas a interponer un recurso ante las posibles lagunas legales y administrativas en que haya podido concurrir el proceso de adjudicación del citado centro.
“La falta de transparencia del proceso y la ausencia de información a la población hace sospechar que pueda haber detrás algún tipo de irregularidad que anule la adjudicación”, han asegurado desde la plataforma en un comunicado.
En este sentido, el gabinete jurídico de la plataforma está analizando “las posibles conexiones que pueda haber entre la Junta de Andalucía, la elección de local en el que se pretende instalar el centro de menores y el hecho de que su antiguo propietario sea el alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, hoy imputado por el uso de más de un millón de euros de fondos de la Unión Europea (UE) que le fueron concedidos a este centro en concepto de formación”.
Por otra parte, este lunes estos vecinos han sido recibidos por el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, a quien han trasladado “su preocupación por la opacidad del proceso llevado a cabo hasta ahora para la instalación del centro, así como su malestar por el secretismo y la falta de diálogo de la Junta”.
Del mismo modo, critican que hasta este lunes aún no hayan tenido ningún tipo de noticia ni convocatoria por parte de la directora de Justicia de la Junta de Andalucía, Carmen Belinchón, “a pesar de que ella anunciara la semana pasada que se reuniría con la plataforma para informarle de los pormenores del proyecto”.
ALJARAQUE, “LOCALIDAD SOLIDARIA”
Por otro lado, desde la plataforma señalan que las diferentes asociaciones vecinales y Ampas que forman parte de los centros educativos de los cinco núcleos urbanos del término municipal –Aljaraque, Bellavista, Corrales, La Dehesa y La Monacilla– recuerdan a la opinión pública que se trata de “una localidad muy solidaria y acogedora con los menores que necesitan atención especial, como demuestra el hecho de que ya cuente con dos centros y pisos de acogida de menores que conviven con los niños de la localidad, siendo una experiencia muy positiva para todos”.
En esta ocasión se oponen a la apertura del citado centro porque los usuarios serán “jóvenes delincuentes que deben cumplir condena en un Centro de Internamiento porque no tienen edad para ir a un centro penitenciario y que se pretende instalar en un lugar que resulta del todo inadecuado, junto a un colegio, una guardería y una residencia de mayores y en medio de un núcleo urbano”.
Igualmente, desde la plataforma apuntan “la falta de idoneidad de dicha ubicación ya que difícilmente se van a poder reinsertar o integrar en la sociedad unos jóvenes que cuando salgan del centro no van a tener ningún tipo de instalaciones deportivas, de ocio ni lúdicas alrededor donde acudir, además de que carecen de servicios de transporte público”.
