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El ex alcalde de Bollullos par del Condado, Francisco Díaz Ojeda ha asegurado ante el Juez que no hubo voluntad de desobedecer a la justicia y que si no readmitió a los trabajadores despedidos fue porque las circunstancias económicas del Consistorio lo impedían. Así se ha defendido el ex regidor bollullero frente al delito de desobediencia a la autoridad judicial por el que está acusado. El juicio ha quedado visto para sentencia.
Díaz ha hecho hincapié en que consultó la situación con los departamentos de Tesorería e Intervención y finalmente el Ayuntamiento «fue admitiendo paulatinamente a estos trabajadores, conforme se iba pudiendo». De hecho, «todos los requerimientos efectuados cuando se ejecutaba la sentencia han sido atendidas».
También han declarado algunos funcionarios del Consistorio que han remarcado que «la situación económica del mismo era insostenible», así como los propios trabajadores afectados, que han insistido en que «pasaron cuatro años desde que el juez ordenó su readmisión hasta que fue efectuada».
Las conclusiones han sido elevadas a definitivas y la acusación particular, al igual que la Fiscalía, ha solicitado su inhabilitación especial durante dos años para cargo público, pidiendo el Ministerio Público además diez meses de multa a razón de diez euros de cuota diaria, que asciende a la cantidad de 3.050 euros.
