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El Gobierno de España pretende dar permisos temporales a pozos ‘ilegalizables’ situados en el entorno de Doñana, en lugar de cerrarlos. Una circunstancia a la que se opone WWF, una organización internacional de conservación de la naturaleza que tiene en Hinojos una de sus sedes. Allí, Juan José Carmona, es uno de los encargados de velar por el Parque Natural. Precisamente para explicarnos cómo lucha su organización por esta y por otras muchas cuestiones, el coordinador de WWF en Doñana ha pasado por el programa La Entrevista, que semanalmente emite Condavisión. Una visita en la que ha presentado la campaña que desde hace unas semanas han puesto en marcha, que ya lleva recogida más de 54.000 firmas, y que pretende poner fin a problemas como el dragado del Guadalquivir, el almacenamiento de Gas Natural, la posible reapertura de la mina de Aznalcóllar y, como venimos hablando, el agua. Sobre este último asunto Carmona, ha querido dejar claro que el problema no es la agricultura, sino el modelo de la misma.
Entre las más de 1.200 captaciones que se pretenden regularizar, WWF ha detectado al menos 22 balsas y 205 pozos en áreas de especial protección de la naturaleza según el Plan de la Corona Forestal de Doñana. De ahí que se intente concienciar de la importancia de cumplir los marcos legales.
Según han señalado desde esta organización ecologista, la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir reconoce en sucesivos informes el progresivo deterioro del acuífero de Doñana, mientras que la situación de las reservas de agua de Doñana «preocupa enormemente a la Comisión Europea, que ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por la caótica gestión del agua en Doñana».
Ante esta situación, WWF informará de forma inmediata a la Comisión Europea sobre los planes de la CHG por perpetuar la sobreexplotación del acuífero de Doñana, y por crear aún más confusión sobre el uso del agua en la zona, al dar permisos temporales a captaciones totalmente ilegalizables por su localización.
Del mismo modo, WWF pedirá a la Comisión Europea que se paralicen de forma cautelar las ayudas económicas al sector –que llevan aparejadas la exigencia de legalidad– hasta que no se aclare la situación creada por los planes del Gobierno.
Además, WWF pondrá de inmediato en manos de la Fiscalía toda la información cartográfica de que dispone y «no descarta otras acciones legales en caso de materializarse la amnistía temporal de estos pozos ilegalizables.»
PIDEN A LA JUNTA QUE TAMBIÉN SE OPONGA
Respecto al papel de la Junta de Andalucía, WWF pide que se oponga activamente a cualquier captación situada en zonas forestales o corredores ecológicos, y que aplique los criterios del Plan Especial, como el cumplimiento de la Ley Forestal Andaluza de 1992. Si los planes de la CHG siguen adelante, la credibilidad del Plan –la principal herramienta de la Junta para resolver el problema del agua en Doñana– quedaría «gravemente afectada».
El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha indicado que «esta es la gota que colma el vaso» ya que para los conservacionistas es «inadmisible» que el Gobierno pretenda autorizar pozos que son «claramente ilegalizables en lugar de cerrarlos de inmediato para detener el robo de un bien público tan escaso cómo es el agua».
Según ha señalado Del Olmo, «el acuífero de Doñana está el límite y es urgente poner fin al caos y a la impunidad, por eso el Gobierno no puede esperar más para declararlo oficialmente ‘en riesgo’ y aplicar las medidas de control que prevé la Ley de Aguas», ha añadido.
