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El Partido Popular ha informado hoy de que el Ayuntamiento de Almonte ha presentado una denuncia en el juzgado de La Palma del Condado una denuncia penal contra el ex alcalde socialista de Almonte, Francisco Bella (PSOE), y los concejales que respaldaron la operación de compra venta de cuatro parcelas agrícolas de La Dehesa de Santa María, con una superficie total de 153 hectáreas, por las que el Ayuntamiento pagó en 2006 un total de 4.361.493 euros, un precio muy superior al valor catastral de los terrenos.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte y portavoz del equipo de Gobierno, José Joaquín de la Torre, ha señalado hoy en rueda de prensa que esta operación ‘es por lo menos sospechosa, porque se han detectado diversas irregularidades’.
En la denuncia se insiste en que el expediente administrativo de la compraventa se realizó ‘de forma espuria’, por cuanto ‘es evidente que el acuerdo entre las partes estaba realizado con anterioridad al expediente, habiéndose pactado ya el precio, así como los plazos’. En la demanda judicial, el Ayuntamiento añade que en el escrito presentado por los particulares, ‘escuetos y con la misma redacción’, desvelan que ‘se han puesto de acuerdo en los términos» de la oferta, como revela que el formato no corresponda a ninguna de las instancias normalizadas del Ayuntamiento’. El popular ha subrayado que ‘parece que todo estaba preparado’.
Como ha informado De la Torre, ‘el 20 de septiembre de 2006, las dos familias, antiguas propietarias de las fincas, hoy propiedad del Ayuntamiento, lanzan una oferta de venta al Ayuntamiento de Almonte. Ambos documentos coinciden en el texto de la oferta, ya que es exactamente el mismo.
Una ‘coincidencia’, ha esgrimido De la Torre, ‘que ya nos hizo sospechar ya que ambas fincas no son colindantes por lo que la coincidencia de tasación entre ambas familias resulta sospechosa”. “Más sospechosas aún después de haber escuchado la versión del PSOE en boca del diputado provincial del PSOE, José Villa, que fue quién inicio este expediente y afirmó que los terrenos que se compraron estaban destinados a fines absolutamente diferentes, al parecer, uno de ellos para ampliar el Convenio Urbanístico La Higuera, y el otro para la construcción de una hipotética Ciudad Deportiva.
En definitiva, ‘terrenos no colindantes y distanciados geográficamente varios kilómetros, terrenos que eran de distintos propietarios y que, al parecer y según la versión de José Villa, terrenos para los que el Ayuntamiento planificaba destinos muy dispares’.
Además se desarrolló un procedimiento administrativo de las operaciones de compraventa en el que se registran las ofertas de ambas familias, casi milagrosamente, sólo un día después todos los informes técnicos’.
Es decir, tanto el inicio del Expediente por parte de José Villa, con la justificación de Ampliar el Patrimonio Municipal del Suelo, la Valoración del Arquitecto Técnico Municipal y el informe del Interventor Accidental estaban ya antes de la presentación de las ofertas.
Por lo que respecta a la valoración por parque del Arquitecto Técnico Municipal, cabe destacar que ‘no es el Arquitecto Técnico Municipal la persona con competencias para realizar la valoración de unos terrenos rústicos cuya valoración tendría que haber sido realizada por un Ingeniero Agrónomo, cuando, además, por aquellas fechas, el Ayuntamiento contaba en su plantilla con dos trabajadores que poseían la titulación’.
En segundo lugar, el arquitecto técnico municipal para hacer su valoración del suelo, se basa en 4 valoraciones de 2 agencias inmobiliarias, y ‘cuál es nuestra sorpresa al comprobar en que fechas estaban datadas estas valoraciones, 3 de ellas anteriores a las ofertas de las familias propietarias, y sólo una de ellas posterior’.
En concreto, las valoraciones de las inmobiliarias están datadas el 12, 14, 19 y 22 de septiembre, cuando las ofertas de ambas familias fueron presentadas el día 20 de septiembre de 2006.
Por lo tanto, como ha indicado De la Torre, ‘blanco y en botella, porque hay claros indicios de que la operación ya estaba orquestada con anterioridad’.
En cuanto al Informe del Interventor accidental, el mismo hace una advertencia clara y pone de manifiesto que la operación podía poner en riesgo la disponibilidad de la tesorería municipal en el próximo ejercicio. Además subraya, el hecho de que no exista una memoria justificativa para la conveniencia de adquisición del bien conforme a la situación del mercado inmobiliario y a la existencia de otros, bienes adecuados para dichos fines, que justifique el procedimiento de contratación.
Por todo ello, el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias ha puesto en manos de los tribunales esta operación ‘por las claras sospechas de especulación urbanística del ex alcalde socialista Francisco Bella’.
En la denuncia, además de Bella, se ven inmersos Rocío Espinosa, secretaria general del PSOE; el portavoz del partido, José Villa, y Azucena León, ambos imputados por la compraventa del campo de golf; María Bernabea, secretaria de la Fundación Doñana 21; dos de los vendedores; el arquitecto técnico municipal que realizó la primera tasación de los terrenos; y Juan Adolfo Arangüete, funcionario del Ayuntamiento de Almonte, en excedencia, e imputado por un caso de negociaciones prohibidas en el desempeño de las funciones de su cargo cuando se adquirieron terrenos para la construcción de un polígono industrial.
