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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha propuesto este lunes a la Unión Europea un enfoque territorial que busque el equilibrio equitativo entre lo rural y lo urbano, para lo que ha planteado incorporar mecanismos de compensación acordes a las características de las distintas zonas rurales. Asimismo, considera que el modelo de cogobernanza europeo debe implicar a los actores locales y regionales, a los que ve “esenciales” para activar el Pacto Rural formulado por la Comisión Europea (CE). Moreno, a través de una conferencia telemática, ha dado cuenta de las enmiendas presentadas a la iniciativa “Visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea”, puesta en marcha por la propia CE, para la que fue designado como ponente. Todo ello, en
el seno de la décima reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones (CDR). Además, estima que los Estados miembros y las regiones tendrían que aplicar el enfoque de la “comprobación de las repercusiones de las zonas rurales”, en el actual periodo de programación 2021-2027 para la Política Agraria Común (PAC), en los fondos de cohesión y los planes nacionales de Recuperación y Resiliencia. En este punto, ha situado a la agricultura, la movilidad, conectividad digital y las energías renovables como ámbitos estratégicos del Pacto Rural, por su potencial para frenar la despoblación y generar oportunidades sociales y económicas ligadas al Pacto Verde. “Si queremos prevenir el éxodo de los jóvenes y paliar los efectos del envejecimiento es urgente desarrollar una economía de servicios esenciales”, ha dicho. Al respecto, ha afirmado que las transiciones verde y digital sólo llegarán a buen puerto si se aseguran sociedades más resilientes y justas, que tengan en cuenta las necesidades de todos los miembros de la comunidad rural. En relación con la “Visión a largo plazo para las zonas rurales”, ha subrayado que se deben potenciar sectores relevantes como el turismo rural sostenible, las actividades de ocio y culturales y la producción de energías renovables, sin olvidar el papel crucial de la agricultura.
Por esta razón, ha pedido que la CE tutele el buen desarrollo de los planes estratégicos que cada estado miembro deberá implementar con la nueva PAC, “para asegurar que el sector primario europeo camine en la dirección que indican el Pacto Verde, la Estrategia ‘De la granja a la Mesa’ o la Estrategia de Biodiversidad”.
A su juicio, este es el momento oportuno para acelerar cambios y lograr sociedades rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas en 2040. Pese a todo, ha abogado por un espíritu crítico que empuje a la mejora del documento desde el punto de vista de las regiones. Por otro lado, ha lamentado que el refuerzo de las actuaciones de apoyo y financiación de las zonas rurales se limiten al período de programación de 2028-2034, al tiempo que ha apostado por que la CE, en su informe de 2024, abarque un periodo más amplio. Además, ha instado a complementar la financiación con la iniciativa privada, y a considerar ayudas de Estado y créditos fiscales “cuando sean apropiados”. Por último, ha reclamado que se instaure un marco de acción sobre las zonas rurales en el
marco del semestre europeo, para la revisión periódica de objetivos y metas. “El fin último de la visión a largo plazo es asegurar que los proyectos en las áreas rurales respondan a las necesidades reales de cada territorio. Es posible que los planes nacionales de recuperación no lo cumplan”. Por eso, desde el CDR ha solicitado normas de aplicación más simples para los fondos europeos, mejoras en la forma en que se combinan y un nuevo modelo de fondos múltiples que asegure la presencia de las zonas rurales en todas las políticas. “Sin duda, sobre el Dictamen que hoy presentamos se construirá una Europa más próspera, que integre mejor a la ciudadanía del mundo rural y ayude a los entes legislativos europeos a acercase aún más a las necesidades de sus regiones”, ha concluido. Dicho dictamen ha sido aprobado en la Comisión NAT con 65 votos a favor, sólo 5 en contra y 2 abstenciones. Un texto que ahora irá para su aprobación en el pleno del Comité de las Regiones previsto para el próximo mes de enero.
