Por El Alcalde de la localidad, Francisco Díaz Ojeda, acompañado por los Concejales de Seguridad Ciudadana y de Desarrollo Local, y el Jefe de la Policía Local de la ciudad, ofrecieron una rueda de prensa en la que se anunciaron ‘medidas excepcionales para una situación excepcional’. El objetivo es luchar contra aquellos que han hecho del robo ‘su negocio y modelo de vida’.
Durante el mes de agosto se efectuaron 19 detenciones y se abortaron 21 actos vandálicos, un dato que habla en favor de la profesionalidad demostrada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que trabajan en el municipio, pero que deja en mal lugar un ordenamiento jurídico con ‘fisuras en cuanto a la reincidencia’.
Paco Díaz, comentó que habrá medidas que no gusten a todos, pero que son necesarias poner en marcha para evitar que Bollullos se convierta en una ciudad donde el 1% tenga amedrentado al 99% restante, y reconoció que se trata de una medida ‘dura y contundente, que podría provocar que paguen justos por pecadores’, si bien entiende que es ‘necesaria para castigar a quienes decidan apartarse de la ley’.
Entre las medidas presentadas, se pretende restringir el empadronamiento a «todos aquellos ciudadanos que no presenten un contrato de residencia o de alquiler», o que los Servicios Sociales municipales «cierren sus puertas a toda aquella persona que tenga delitos pendientes», es decir, que aquellas que hayan sido detenidas en el municipio por algún hecho delictivo, dejarán de percibir esa ayuda social, incluso aunque no hayan sido juzgadas aún, ya que hay personas que se encuentran a la espera de juicios de largo plazo y siguen delinquiendo.
La propuesta bollullera no hace distinción de nacionalidades., por lo que no se puede hablar de xenofobia. Aunque hay que recordar que la ley determina que los Ayuntamientos están obligados a inscribir en el registro a los ciudadanos que residan en el término municipal. El certificado de empadronamiento es la llave para que los ciudadanos puedan acceder a la mayor parte de los servicios públicos o puedan realizar trámites como la solicitud de regularización o permisos de residencia y trabajo, la tarjeta de asistencia sanitaria, subvenciones o la inscripción escolar de los menores, entre otros derechos.
En la rueda de prensa se hizo un llamamiento a los vecinos, explicando que a través de los Servicios Sociales y ONG’s como Cruz Roja o Caritas se dispone de recursos para atender las necesidades de parados, colectivos en riesgo de exclusión o quienes no disfrutan de prestaciones sociales, por lo que solicitan «que no contribuyan a una mal entendida solidaridad que favorezca la mendicidad» entre aquellos que se apostan a las puertas de los supermercados.
El Ayuntamiento condal manifestó estar en contra de cualquier propuesta de llevar a cabo patrullas ciudadanas que favorezca el tomarse la justicia por su mano, y solicitó prudencia en el discurso de la oposición, a la que criticó ‘por rasgarse las vestiduras justo ahora que una de las víctimas de un delito contra la propiedad es un concejal socialista’. También acusó a IUCA de dar cobertura y ‘apoyo a las ocupaciones de vivienda, cosa que no se puede realizar cuando se ostentan puestos de responsabilidad política’.
Previamente a la comparecencia pública, se reunió la Junta Local de Seguridad correspondiente al diseño del operativo de seguridad de la Feria de Septiembre, si bien en ella se analizó la escalada de robos que azota con especial virulencia al Condado de Huelva.
